Un estudiante del Manuel Belgrano usó «deepfake» para poner los rostros de 16 compañeras en videos adultos. Las víctimas sufrieron graves secuelas psicológicas mientras el material se viralizaba con sus redes sociales vinculadas.
El caso que conmociona a Córdoba tiene como protagonista a un joven estudiante del Instituto Superior de Comercio Manuel Belgrano, quien aprovechó el avance tecnológico para cometer lo que la justicia considera un delito aberrante. Mediante sofisticadas herramientas de inteligencia artificial, el acusado logró intercambiar los rostros de sus compañeras de clase -todas menores entre 15 y 16 años- sobre cuerpos de actrices pornográficas, creando un material falsificado pero de apariencia totalmente realista.
La investigación judicial reveló que el estudiante no solo creó este contenido íntimo sin consentimiento, sino que dio un paso más allá al publicarlo en plataformas para adultos. Lo más grave: incluyó enlaces directos a los perfiles de redes sociales de las jóvenes afectadas, lo que desencadenó una ola de acoso digital contra ellas. Usuarios anónimos comenzaron a contactarlas con mensajes obscenos, aumentando el daño psicológico que ya sufrían por la sola existencia de esas imágenes manipuladas.
El fiscal Pablo Cuenca Tagle, a cargo de la causa, no duda en calificar el hecho como «una de las formas más crueles de violencia digital». Durante la instrucción del caso, los peritos informáticos lograron recuperar conversaciones del acusado donde presumía de sus creaciones y hasta daba consejos a otros usuarios sobre cómo evadir los controles de las plataformas. Estas pruebas resultaron clave para el avance de la investigación.
En el ámbito legal, el caso presenta desafíos particulares. José Dantona, abogado representante de tres de las víctimas, explica que la legislación argentina no contempla específicamente los delitos por «deepfake», lo que obliga a los fiscales a recurrir a figuras penales análogas. «Estamos ante un vacío legal preocupante», señala el letrado, mientras prepara los argumentos para lo que será un juicio paradigmático en materia de delitos digitales.
Mientras tanto, las 16 adolescentes afectadas intentan reconstruir sus vidas. Algunas cambiaron de escuela, otras abandonaron sus actividades extracurriculares y varias necesitan acompañamiento psicológico permanente. Sus familias denuncian que el daño trasciende lo digital: «Esto las marcó para siempre», confió el padre de una de las víctimas a este medio bajo condición de anonimato.
El acusado, cuyo nombre se mantiene en reserva por tratarse de un proceso judicial en curso, permanece detenido en espera del juicio oral. Los fiscales han solicitido una condena ejemplar que podría alcanzar los 30 años de prisión, argumentando que se trata de uno de los primeros casos de pornografía no consensuada mediante IA que llega a tribunales en el país.
Expertos en derecho penal digital coinciden en que este fallo sentará un precedente importante para futuros casos similares. Mientras tanto, legisladores de distintos bloques políticos ya anunciaron proyectos para tipificar específicamente los delitos por manipulación de imágenes mediante inteligencia artificial, buscando que la ley alcance a esta nueva forma de violencia tecnológica.
