Los giros del Gobierno nacional a las provincias registraron en febrero una caída real interanual del 7,5%. La baja en la recaudación nacional -que ya ocurrió en enero y arrastra un desempeño débil desde 2025- vuelve a impactar en las cuentas provinciales en un año marcado por negociaciones salariales y necesidades de financiamiento.
La situación fiscal de las provincias se presenta seriamente afectada en el comienzo del año. La reducción en los ingresos provenientes de la coparticipación federal volvió a encender señales de alerta entre los gobiernos provinciales, que observan con preocupación la involución de la recaudación nacional y el impacto directo que tiene sobre sus cuentas.
De acuerdo a datos oficiales, durante febrero las transferencias automáticas del Gobierno nacional hacia los distritos del interior alcanzaron los $5,44 billones. Sin embargo, esa cifra representó una caída real del 7,5% respecto del mismo mes del año pasado. Si la comparación se realiza contra enero, el descenso fue todavía mayor y se ubicó en torno al 9,5%. El retroceso responde, principalmente, a la disminución en la recaudación de impuestos a nivel nacional. Durante el primer bimestre del año se observó una baja en nueve de los diez principales impuestos, lo que repercutió directamente en los recursos que se distribuyen entre las provincias a través del sistema de coparticipación.
Este contexto vuelve más compleja la situación financiera de los distritos, que en muchos casos dependen de manera significativa de estos envíos para sostener su funcionamiento. Ante este escenario, el debate por los recursos aparece como uno de los ejes centrales en la relación entre los gobernadores y la Casa Rosada.
Hasta ahora, desde el Gobierno nacional se ha planteado como alternativa habilitar a las provincias a acceder a financiamiento mediante la toma de deuda. Sin embargo, para muchas administraciones provinciales esa opción no resulta suficiente frente al serio deterioro de los ingresos.
A la vez, el desempeño desigual de la actividad económica también golpea la recaudación propia de las provincias. Esta situación limita las posibilidades de compensar con recursos locales la caída de los fondos que llegan desde la Nación.
Otro factor que condiciona el margen de maniobra de los gobiernos provinciales es la estructura de su gasto. En la mayoría de los distritos, una gran parte del presupuesto está destinada al pago de salarios, especialmente en áreas como educación, seguridad y salud, lo que dificulta implementar fuertes ajustes.
En busca de inversiones extranjeras, varios gobernadores -tanto oficialistas como opositores moderados- participaron hace pocos días de la llamada “Argentina Week” en Nueva York junto al presidente Javier Milei. El objetivo fue reunirse con empresarios de los Estados Unidos para atraer inversiones y explorar alternativas de financiamiento en el exterior para aliviar las complicadas finanzas provinciales.
El deterioro del frente fiscal coincide, además, con el inicio de las negociaciones paritarias en distintas jurisdicciones. En algunas provincias ya comenzaron a registrarse tensiones con los gremios docentes, como ocurre en Entre Ríos, Córdoba, Catamarca y Jujuy.
Números en baja
En declaraciones al diario La Nación, el economista Nadin Argañaraz, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), explicó que durante el primer bimestre la recaudación nacional registró una caída real interanual cercana a los $3,3 billones. Entre los tributos que más descendieron se encuentra el IVA, con una merma estimada en $1,68 billones, seguido por los derechos de exportación y los aportes y contribuciones a la seguridad social. El único impuesto que mostró una mejora fue el vinculado a los combustibles.
Según ese análisis, los recursos que quedan en manos del Estado nacional se redujeron alrededor de 9,3% en términos reales interanuales, mientras que los fondos destinados a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires retrocedieron un 7,6%.
En valores actualizados a febrero, la Nación habría dejado de percibir unos $2,4 billones y los distritos del interior cerca de $930.000 millones.
Entre los factores que influyeron en la baja de la recaudación del IVA se menciona la restitución de certificados de exclusión de percepciones del IVA aduanero implementada el año pasado, así como el adelantamiento de importaciones registrado durante el segundo semestre de 2025. Ambos ítems también incidieron sobre la recaudación del Impuesto a las Ganancias. De cara al resto del año, el escenario presenta mucha incertidumbre: en una proyección pesimista, las transferencias totales de la Nación a las provincias podrían reducirse un 2,5% en términos reales.
Para Alejandro Pegoraro, director de Politikon Chaco, el retroceso observado en lo que va del año no constituye un fenómeno aislado. Según señaló, se suma al débil desempeño registrado durante 2025, cuando la recuperación económica fue dispar entre sectores y la dinámica recaudatoria no logró recomponer plenamente el poder adquisitivo de los recursos coparticipados. Además, los envíos de fondos nacionales por fuera del sistema de coparticipación también registraron un fuerte retroceso en el primer bimestre del año, con una caída cercana al 45%, lo que agrava la situación financiera de los distritos.
De acuerdo con distintos análisis, el deterioro de las cuentas provinciales comenzó a hacerse más visible desde mediados del año pasado. En la primera parte de 2025 varias jurisdicciones lograron mantener cierto equilibrio fiscal gracias a políticas de contención del gasto aplicadas tras el ajuste del año anterior. Sin embargo, esa dinámica comenzó a modificarse durante el segundo semestre.
En ese período, los ingresos empezaron a desacelerarse en términos reales mientras que el gasto público provincial volvió a incrementarse. Parte de este fenómeno se explicó por factores asociados al calendario electoral, que históricamente suele impulsar mayores erogaciones tanto en gastos corrientes como en inversión pública.
El economista Osvaldo Giordano, titular de Fundación Mediterránea, consideró que el esquema económico nacional apunta a continuar con la reducción de impuestos, lo que implica que el aumento de la recaudación no forma parte central del modelo.
En busca de nuevas estrategias
La estructura del gasto también marca una diferencia importante entre Nación y provincias. Mientras que el gobierno central tiene mayor peso en jubilaciones y programas sociales, en las administraciones provinciales predominan los salarios del sector público, particularmente en educación, seguridad y salud.
En este contexto, los especialistas advierten que sostener el equilibrio fiscal requerirá nuevas estrategias. Entre ellas, mejorar la eficiencia del gasto y optimizar la prestación de servicios públicos sin ampliar las plantillas estatales.
Los primeros datos disponibles sobre el cierre fiscal de algunas provincias durante 2025 reflejan un margen de maniobra más acotado. En varios casos se registraron resultados financieros negativos o un deterioro en los niveles de superávit que se habían observado en años anteriores.
Frente a este panorama, distintos analistas coinciden en que muchas provincias podrían verse obligadas a retomar políticas de contención del gasto para preservar el equilibrio de sus cuentas. En ese marco, las partidas destinadas a obra pública o inversión aparecen como las más susceptibles a eventuales recortes, porque ofrecen mayor flexibilidad que los gastos corrientes.
