La ex secretaria de Deportes enfrenta cargos por el desvío de fondos públicos hacia San Luis Fútbol Club, institución que ella misma presidía, y la compra de un colectivo con sobreprecio en al menos $175 millones, de acuerdo a pericias técnicas.
Este lunes comenzará un debate oral de alto impacto. Se trata del juicio contra la ex secretaria de Deportes, Cintia Ramírez. La Fiscalía de Instrucción N°1, a cargo de Francisco Assat Alí, formalizó una acusación que describe un esquema de corrupción estructurado para beneficiar a una entidad privada con recursos del Estado provincial en la gestión de Alberto Rodríguez Sáa.
A Ramírez se le atribuyen los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, peculado, fraude a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En su requerimiento de elevación a juicio, el Ministerio Público Fiscal solicitó una pena de cinco años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos en la administración pública.
La acusación se divide en dos grandes ejes que exponen la presunta discrecionalidad en el manejo de la hacienda pública. El primero de ellos se centra en una serie de transferencias sistemáticas de dinero hacia el San Luis Fútbol Club, una asociación civil creada en el año 2022 que compite en la Primera división femenina de la AFA.
Fernando De Viana, Eugenia Zabala Chacur y Adriana Lucero Alfonso, jueces.
Según la investigación, Ramírez ocupaba de manera simultánea la titularidad de la secretaría de Deportes y del Ente Deportes mientras ejercía la presidencia del club. Bajo esta doble función, se habrían ejecutado 188 transferencias de fondos públicos entre los años 2022 y 2023 por un monto total de 166.612.164 pesos.
Estos desembolsos estaban destinados a cubrir gastos operativos de la institución deportiva, tales como servicios de transporte, alojamiento para los planteles, compra de alimentos, indumentaria deportiva, equipamiento especializado y diversos insumos necesarios para la competencia.
Para la Fiscalía, estas decisiones administrativas no buscaban el bien común, sino que respondían a un interés particular, utilizando la estructura del Estado para financiar una entidad que la propia funcionaria dirigía.
El segundo eje de la causa, quizás el más llamativo por la magnitud de las cifras y la proximidad con el cambio de gestión gubernamental, es la adquisición de un colectivo marca Volvo, modelo 2018, destinado al traslado de las jugadoras del club apuntado.
De acuerdo al expediente, el 27 de noviembre de 2023, apenas unas semanas antes de dejar su cargo, Ramírez solicitó formalmente al entonces gobernador Alberto Rodríguez Saá la compra de un vehículo de 60 asientos. La operación se instrumentó a través de un subsidio estatal de $290 millones que fue autorizado con una celeridad administrativa inusual, atravesando todos los controles de los organismos estatales en cuestión de días.
Sin embargo, una pericia técnica realizada por una martillera pública e incorporada a la causa determinó que el valor real de mercado del rodado al momento de la transacción era de aproximadamente 114 millones de pesos. Esta diferencia arroja un presunto sobreprecio de 175 millones de pesos, lo que refuerza la hipótesis de fraude a la administración pública sostenida por el fiscal Assat Alí.
El proceso judicial, que se extenderá durante cinco jornadas consecutivas, estará bajo la conducción de un tribunal colegiado presidido por Fernando De Viana, quien estará acompañado por las vocales Eugenia Zabala Chacur y Adriana Lucero Alfonso.
Ramírez se convierte en la segunda funcionaria de alto rango de la gestión de Alberto Rodríguez Saá en ser juzgada por delitos contra la administración pública, siguiendo el antecedente del ex ministro de Seguridad Claudio Latini, quien ya recibió una condena por peculado tras sustraer bienes del Estado para uso personal.
Aunque la defensa de Ramírez intentó dilatar el proceso con diversas presentaciones ante el Tribunal de Impugnaciones, finalmente se ratificó la elevación a juicio que se había dispuesto originalmente en mayo de 2025.
Uno de los puntos de mayor tensión política del debate será la comparecencia de los testigos citados, entre los que destaca el ex gobernador Alberto Rodríguez Saá. Su testimonio fue solicitado por la defensa de la imputada para que brinde explicaciones sobre el decreto que él mismo firmó autorizando el millonario subsidio para la compra del colectivo.
Junto a él, deberán declarar otros ex integrantes del gabinete provincial como el ex ministro de Hacienda Pública Eloy Horcajo y el secretario de la Gobernación Miguel Ángel Berardo, además de personal técnico que intervino en las tasaciones y auditorías de las cuentas del club.
La Fiscalía sostiene que la mecánica utilizada consistía en darle una apariencia de legalidad a actos administrativos que, en el fondo, estaban viciados por el conflicto de intereses y el desvío de fondos. El hecho de que la misma persona que solicitaba y autorizaba los fondos fuera quien los recibía en su carácter de presidenta de una asociación civil es el núcleo de la acusación por negociaciones incompatibles.
Durante las audiencias que se desarrollarán entre el 16 y el 20 de marzo, se analizará la documentación respaldatoria de cada una de las 188 transferencias y se profundizará en el informe pericial del vehículo Volvo.
El tribunal deberá determinar si existió un plan orquestado para descapitalizar las arcas públicas en favor de un proyecto deportivo privado antes del traspaso de mando, tal como sugiere el Ministerio Público Fiscal.
