La detención de Mayte Reyna del Portugal Escudero y luego la imputación por el delito de estafa provocó una expansión de responsabilidades que podría sumar otros acusados.
Para el fiscal de Instrucción Nº 4, Leandro Estrada hay un “funcionario infiel” involucrado en la venta de terrenos de la Municipalidad. Usó esas dos palabras para asegurar con firmeza que profundizará la investigación en esa persona, y en otras que participaron en el fraude. Mayte Reyna del Portugal Escudero era la cara visible, la que publicaba su número de teléfono en las redes, la que mostraba los lotes y cobraba. Fue la primera en caer presa, y desde el jueves está imputada por estafar a 15 familias. En la audiencia donde le formularon cargos se ventilaron las evidencias por el delito que le recriminan cuya pena es superior a los 3 años de cárcel.
Escudero celebró con los damnificados un convenio de cesión de derechos posesorios que no tiene, y que no puede acreditar, y eso es para el representante del Ministerio Público Fiscal, el núcleo del fraude que cometió, pero nada lo hizo sola. “Hay un funcionario infiel, y lo voy a profundizar”, sostuvo. Se trata de la persona que firmó un plano. «Lo presentaron en Catastro aun sabiendo que ya había uno que le habían aprobado a la Municipalidad», después que en 2023 obtuviera la regulación dominial de esas tierras. “Parece que lo obviaron, y por eso vamos a profundizar”, insistió Estrada. Ese documento indica las medidas del terreno, es una ubicación geográfica que tiene como fin únicamente individualizar el inmueble.
El fiscal pidió la prisión preventiva de Escudero para evitar que “se ponga de acuerdo con sus cómplices” que están afuera y se perjudique la investigación. Además apuntó al peligro de fuga porque “no está claro” cuál es el domicilio donde reside.
Consta en la evidencia que la mujer inició un juicio de posesión veinteañal en septiembre de 2024, es decir un año después que la Municipalidad finalizara el trámite de regulación, que inclusive pasó por el Concejo Deliberante. “El expediente desde 2024 no tiene movimiento, ni avanza en ningún acto procesal hacia el objeto que es la declaración de adquisición de dominio”, expuso. Señaló que ella “manifiesta tener la posesión hace más de 20 años”, y que ha realizado «reformas constructivas para mejorar el inmueble”.
Para Estrada todo eso es falso. Porque las construcciones que se hicieron en el lugar son de “personas que fueron engañadas, porque ella no construyó”. Escudero dice que accedió a la posesión con integrantes de “su familia quienes disponían del lugar desde hace más de cuatro décadas” y tenían animales para el pastoreo. Él cuestiona que no se indica quién es el familiar ni tampoco qué tipo de animales eran. No tiene testigos, no hay informes.
El 9 de marzo de 2025 Escudero hizo una nueva presentación de restitución de la posesión de algunas manzanas bajo los mismos fundamentos.
Aporta que Escudero fue denunciada por uno de los compradores, y que de esa presentación surge un dato clave que responde a las sospechas de otros involucrados en la venta ilegal. Fue ella misma quien en una audiencia (en abril de 2024) a la que fue citada para una declaración, dijo que vendía los terrenos a nombre de otra mujer, que actuaba en su representación. Aclaró Estrada, al mismo tiempo, que hay contratos de cesión de derechos que firma un hombre. “Contra ambos vamos a solicitar medidas”, anticipó. “Y resulta que la que cobra la cuota mensual es Escudero”, añadió.
“Hay cesiones muy raras, las firma uno, recibe otro. Es más, uno de los damnificados entregó un auto a una persona que no es la que estaba firmando el convenio”, insistió. Las firmas se certificaban en una escribanía ubicada en calle Pedernera, también informó el fiscal. Será valorada, inclusive, el desempeño de la profesional.
Puntualizó en el daño que les hicieron a personas que están sufriendo el déficit habitacional, y que en la necesidad de tener una casa propia entregan todo lo que tienen. “Ayer uno de los damnificados pidió que solo quiere recuperar el auto que dio como forma de pago, porque se ha quedado a pie. El daño es grande, además de tratarse de una defraudación millonaria. Está transfiriendo un derecho que no tiene y no va a poder acreditar”, expuso.
El fiscal pidió que se restituya el inmueble para que se avance con el plan de obra, y que se desaloje el lugar (porque hay personas que están haciendo custodia de los lotes que pagaron irregularmente). No alcanza esta medida a las dos familias que ya están viviendo en el lugar.
También requirió la medida de no innovar para que nadie compre más tierras en esa zona, y la prisión preventiva entendiendo que hay riesgos procesales, como el peligro de fuga y de entorpecimiento en la producción de la prueba.
La Municipalidad de Villa Mercedes obtuvo la regulación dominial de esas tierras, ubicadas al noreste de la ciudad, en 2023, y el año pasado las cedió al Estado provincial para que construya ahí 300 viviendas sociales. En esta primera etapa son 120 y la empresa que las edificará ya fue adjudicada. A finales de febrero las máquinas entraron al campo para el desmonte y nivelación y fue cuando se descubrieron las ventas indebidas por parte de una persona.
Los abogados del municipio adhirieron a la formulación de cargos que hizo Estrada: estafa en concurso real, por 15 hechos, y también a las medidas que solicitó. Puntualizaron que cuando se terminó el proceso administrativo del dominio, se colocaron carteles en el lugar (informando que se trataba de tierras municipales), pero que después desaparecieron.
Los letrados introdujeron el dato preciso: son 54 las familias estafadas. Explicaron que el número lo confirmó Escudero en una reunión que tuvo con funcionarios municipales. Es más, ventilaron que ella dijo que había vendido hasta el mes de diciembre del año pasado, pero que por una damnificada se enteraron que también vendió en febrero de este año.
Señalaron que en junio del año pasado realizaron una denuncia cuando aparecieron vecinos que mostraban documentos de cesiones de derecho y requerían servicios. Pereira hizo reserva de solicitar que se investigue una posible asociación ilícita, falsificación de instrumentos públicos y estafa procesal.
