La Justicia le formuló cargos por defraudación a la administración pública, le prohibieron la salida del país y deberá firmar el libro de imputados por 120 días. Está acusada de cumplir funciones en la Provincia y la Nación a la vez y de vender servicios al ex Canal 13.
La jueza de Garantía N°4, Luciana Banó, resolvió imputar a Gloria Velázquez, ex funcionaria del Gobierno de Alberto Rodríguez Saá, por el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública en concurso real. Le formuló los cargos y le dictó como medidas coercitivas la inhibición general de bienes, la prohibición de salir del país y la firma del libro de imputados (del 1 al 10 de cada mes) durante 120 días.
La denuncia fue impulsada por el nuevo Gobierno en enero de 2024 y luego la Fiscalía de Estado tomó intervención. De acuerdo a la acusación del fiscal de Instrucción N°1, Francisco Assat Alí, ocupó un doble cargo. Primero como funcionaria provincial en la Jefatura de Gabinete desde diciembre de 2019 a diciembre de 2023 y otro en el Gobierno nacional que comenzó en marzo de 2020.
A lo largo de su exposición hizo un repaso del rol de Velázquez dentro del Estado: el 26 de mayo de 2003 ingresó como agente de la administración pública y luego pasó por la planta política como funcionaria del Poder Ejecutivo.
Si bien fueron presentados diferentes elementos probatorios, hay algunos que merecieron mayor atención para el Ministerio Público Fiscal. Uno de ellos es el contrato de servicios del 9 de diciembre de 2019 firmado con el Poder Ejecutivo provincial y el Decreto N°1433 del 5 de marzo de 2020 que homologó el vínculo.
Pero solo unos días después, el 17 de marzo de ese año, Velázquez asumió como directora de Radio Nacional San Luis a través del acta N°28 del organismo donde el directorio de la entidad la eligió por unanimidad.
“Omitió comunicar al Gobierno provincial su designación nacional y, lejos de renunciar a ese cargo en la administración pública, utilizó ese engaño que le permitió percibir durante este periodo de tres años una doble remuneración provenientes de la Provincia y Nación”, sostuvo Assat Alí.
Así, señaló que hubo una “traición” al juramento realizado a nivel local y una “violación sistemática” del artículo N°23 de la Constitución de San Luis que establece expresamente que una misma persona no puede acumular dos o más empleos a sueldo por más que uno sea provincial y otro nacional.
Pero mientras esto ocurría también le sumó otra maniobra: facturaba a San Luis Televisión, también perteneciente al Estado provincial, un programa propio llamado “En tus zapatos” que ella misma conducía.
Vendió servicios de “Producción integral Audiovisual, edición, post producción, efectos especiales”.
Con su accionar de Velázquez produjo un beneficio económico a su favor y un perjuicio al Estado provincial.
A la par que se describían los hechos, la ex funcionaria escribió apuntes en una nota de papel y dialogaba a la par con su abogado Alfredo García Garro.
Por su parte, el fiscal Adjunto, Juan Pablo Díaz Estupiñán acompañó la acusación con la mención de los elementos probatorios como un informe del historial laboral de la imputada desarrollado por el ministerio de Capital Humano de la Nación, decretos con las disposiciones, actas de acuerdos, contestaciones del ARCA, entre otros.
Aun así resta por producir más pruebas como entrevistas, citaciones a cuerpos directivos de organismos estatales, los montos totales de los haberes percibidos y más.
Ante este escenario, Assat Alí justificó que Velázquez sea procesada bajo el delito de defraudación a la administración pública en calidad de autor: “Es una estructura de estafa. Se desempeñaba desde hace muchos años en la función pública lo que nos permite inferir que poseía un conocimiento acabado de las incompatibilidades”.
Gloria Velázquez junto a Alberto Rodríguez Saá.
“Esta conducta de omitir dolosamente la designación en el cargo nacional configura el ardid o el engaño de este delito y el perjuicio patrimonial contra el Estado”, puntualizó y sumó que “la simple mentira es eficaz para perjudicar a la administración pública”.
Seguidamente solicitó la imputación y las medidas coercitivas que finalmente Banó aprobó.
“El daño fue deliberado”
La Fiscalía de Estado estuvo representada por el jefe de la Sala Penal, Santiago Calderón Salomón que, tras adherir al pedido de Assat Alí, indicó que “no quedan dudas que hubo un incumplimiento”.
“Hay intereses estatales y daño al patrimonio. Velázquez tenía un vasto conocimiento de sus obligaciones”, precisó e hizo hincapié en el contrato y la declaración jurada firmada. “Es un compromiso jurídico, aquí nace el deber en el Estado provincial”, dijo.
“Firmó este contrato y apenas semanas después de la homologación de ese acuerdo, surgió este puesto en Radio Nacional. En ese momento no fue anunciado, comunicado o informado el nuevo cargo”, manifestó.
Describió que “este silencio da cuenta de un engaño intencional para continuar el cobro provincial”. “Es deliberado. Ella tenía el deber jurídico de dar a conocer su nuevo puesto”, añadió.
“Se realizaron pagos durante todos estos años. La existencia de ellos está acreditada, se puede constatar y forma parte de la investigación. Estas transferencias nunca debieron realizarse si este segundo cargo era informado”, sumó.
La posición de Velázquez
García Garro no se opuso a la formulación de cargos en esta instancia, aunque aclaró que no aceptan la acusación de los delitos porque ella “era asesora y no funcionaria” en la Provincia.
Tampoco expresó oposición a las medidas de cohesión.
Si bien no declaró en la audiencia, Velázquez si lo hizo con los medios afuera de la sala. Atribuyó la denuncia a una “persecución política” y “por ser mujer” además de que encuadró al caso como “violencia institucional”.
El decreto y contrato
El contrato de Gloria Velázquez con el Poder Ejecutivo.
El decreto que homologó el vínculo entre Gloria Velázquez y la Provincia.
