La provincia se reincorporó al programa nacional de vigilancia electrónica, del que se había dado de baja en 2023 y era la única jurisdicción que no estaba adherida.
San Luis volvió a integrar el Programa de Personas Bajo Vigilancia Electrónica, el sistema nacional que permite monitorear con tobilleras GPS a personas con arresto domiciliario u otras modalidades alternativas de detención. La reincorporación se concretó tras la firma de un convenio entre el Gobierno provincial y el ministerio de Seguridad de la Nación.
La provincia había dejado el programa en julio de 2023, durante la gestión anterior, y hasta ahora era la única jurisdicción del país que no contaba con esta herramienta de supervisión electrónica. Con el nuevo acuerdo, se restablece la participación en un esquema que ya funciona a nivel nacional y que apunta a reforzar el control judicial sobre personas procesadas o condenadas.
El convenio fue firmado por la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, durante una reunión con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, en la sede del organismo nacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como parte del acuerdo, la provincia recibió 60 dispositivos electrónicos —tobilleras con sistema GPS— que permitirán la supervisión, monitoreo y rastreo de personas que deban cumplir arresto domiciliario dentro del territorio provincial.
El sistema está destinado a adultos que, por disposición de la Justicia Penal Nacional, Federal o Provincial, accedan a modalidades alternativas de detención. No implica gastos para el Estado provincial y funciona a partir de requerimientos judiciales, con informes técnicos previos que evalúan la viabilidad de cada caso. La colocación del dispositivo depende exclusivamente de la decisión judicial, mientras que el área técnica provincial supervisa su funcionamiento y reporta cualquier alteración.
Además, el Gobierno nacional brindará una capacitación gratuita al personal de Seguridad provincial encargado de la implementación, con el objetivo de garantizar el correcto uso de los dispositivos. Tras la firma del convenio, Sosa destacó que el acuerdo restablece la cooperación entre Nación y Provincia y fortalece el sistema de seguridad a través de herramientas tecnológicas de control judicial.
