Ex funcionarios seguirán con bienes inhibidos y sin salir del país
La justicia de San Luis ratificó y prorrogó por 60 días la inhibición general de bienes y la prohibición de salida del país para Luciano Anastasi, Claudio Latini y Ernesto “Pipi” Alí, exmiembros del gabinete provincial durante el gobierno de Alberto Roriguez Saá. Se los investiga por presuntas irregularidades en el manejo de subsidios millonarios días antes del traspaso de mando.
La decisión judicial emanada por el juez Juan Manuel Montiveros Chada, se centra en la investigación por la distribución supuestamente irregular de subsidios y fondos del Estado en los meses finales de la gestión. Entre las medidas impuestas, destaca la inhibición general de bienes, lo que impide a los imputados desprenderse de su patrimonio mientras avance el proceso, y la prohibición de salir de la provincia y del país sin autorización previa del tribunal.
Además de estas restricciones, los acusados tienen la obligación de presentarse periódicamente ante la justicia para certificar su sujeción al proceso. Estas determinaciones buscan garantizar que los exfuncionarios no entorpezcan la investigación ni eludan la acción legal en una causa que busca determinar si hubo malversación de fondos públicos o incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La situación procesal de los implicados se ha visto agravada por las pruebas recolectadas, que apuntan a transferencias de dinero realizadas de manera acelerada antes del cambio de gobierno, lo que motivó la rápida intervención del Poder Judicial para resguardar los intereses de la provincia
La ratificación de medidas como la inhibición de bienes y la prohibición de salida del país marca un punto de inflexión en el expediente y anticipa que la investigación judicial seguirá avanzando.
