El Tribunal Oral Federal de San Luis condenó a los integrantes de la organización criminal liderada desde el Servicio Penitenciario. Recibieron penas de entre 4 y 15 años de cárcel, multas de hasta $50 millones y decomisos de múltiples bienes y propiedades que fueron origen del ilícito.
La causa que expuso un esquema de narcotráfico, lavado de activos y corrupción penitenciaria llegó este martes a su jornada final. Tras el veredicto, el Tribunal avanzó con el tramo que completa el cierre del proceso: la discusión de la pena, el pedido fiscal de decomiso y la resolución sobre medidas cautelares, en un expediente que describió una organización con “vocación de lucro y lógica empresaria” y que, según la acusación, extendió su accionar incluso al interior del Servicio Penitenciario Provincial durante el gobierno de Alberto Rodríguez Saá.
La audiencia condensó, en varias horas, todo lo que estaba en juego: el resultado del juicio, el modo en que se mensura la pena y la definición sobre el patrimonio atribuido al circuito ilícito. A primera hora, los acusados tuvieron la última oportunidad de hablar ante las juezas. Efraín Cortez respondió: “No, no”. Hedel Daniel Becher dijo: “No, doctora”. Y Rafael Dante Churquina cerró: “No, mi señoría, ya dije lo que tenía que decir”.
Con esa negativa, el Tribunal Oral Federal de San Luis pasó a un cuarto intermedio y, cerca del mediodía, retomó para rechazar los planteos de las defensas y leer el veredicto. Luego, comenzó el debate de la pena, con alegatos del fiscal federal Cristian Rachid y réplicas de las defensas, que objetaron tanto la proporcionalidad del pedido fiscal como el alcance del decomiso. Ya por la tarde, tras una nueva deliberación, el Tribunal comunicó las penas y ordenó decomisos y medidas patrimoniales.
Gretel Diamante, María Carolina Pereira y María Paula Marisi, integrantes del Tribunal.
Pasadas las 17, tras una nueva deliberación, las juezas María Carolina Pereira, Gretel Diamante y María Paula Marisi dieron a conocer su decisión final: condenaron a Churquina, Becher y Cortez a penas de prisión efectiva, impusieron multas millonarias y dispusieron el decomiso de bienes, vehículos y dinero que consideraron vinculados a la actividad ilícita, además de mantener las medidas cautelares patrimoniales ya vigentes.
El veredicto
A las 11:20 Churquina fue condenado por ser autor del delito de organización y coautor del delito de financiamiento del tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de transporte agravado por la intervención organizada de tres o más personas; coautor de cohecho activo; y autor de lavado de activos de origen delictivo.
Becher fue hallado responsable por ser coautor del delito de financiamiento del tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de transporte agravado por la intervención organizada de tres o más personas; coautor de cohecho activo; autor de lavado de activos de origen delictivo; y fue absuelto por el abuso de armas.
Fiscal Federal Cristian Rachid.
Cortez fue condenado como partícipe secundario del delito de tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de transporte agravado por la intervención organizada de tres o más personas.
El debate de la pena
Inmediatamente después del veredicto se abrió el tramo de mensuración. Como prueba nueva, la defensa de Churquina incorporó un informe psicológico del 22 de diciembre (ayer), que describió, entre otros puntos, un “marcado deseo de revinculación con sus hijas” y la solicitud de intervención del área de salud mental. También consignó “escasos recursos psíquicos para resolver situaciones de conflicto” y que ciertas estrategias de subsistencia lo colocaron “en situaciones de riesgo”, con episodios vinculados a “enojo y frustración” que derivaron en “desborde impulsivo”.
Rachid inició su alegato fijando el marco: la gravedad de los injustos, la afectación a la salud pública por el narcotráfico, al orden económico por el lavado y a la administración pública por el cohecho. “Estamos hablando de la salud pública en relación a las conductas de estupefacientes, el orden económico en relación al lavado y finalmente en la administración pública en lo que tiene que ver con aquellas conductas que incluyeron la actuación corrupta de funcionarios penitenciarios”, afirmó.
Rafael Churquina.
En ese contexto, encuadró el caso como “paradigmático de criminalidad organizada” porque se trató de un grupo con “vocación de lucro y lógica empresaria, con vocación de continuidad”, con actuación que se extendió al “ámbito transnacional” y una estructura “piramidal”. Y agregó un punto que atravesó toda su exposición: “La grave problemática de nuestro país de la organización criminal desde las cárceles”.
El pedido fiscal para Churquina: 18 años, multa y alto riesgo federal
Sobre Churquina, Rachid lo ubicó como organizador y director. Señaló que dirigió una organización “de cuanto menos 10 personas” y que, además del narcotráfico, desplegó lavado de activos y cohecho, con “considerable cantidad de recursos económicos” para traficar, blanquear e incluso “pagar coimas a funcionarios penitenciarios”.
En cuanto a la culpabilidad, sostuvo que se trataba de una persona joven, sin problemas de salud, con recursos para vivir dentro de la ley. Dijo que la motivación fue “pura y exclusivamente la obtención de grandes lucros” y que no encontró condicionantes que atenúen el reproche. También remarcó que cometió los delitos mientras cumplía condena en el Servicio Penitenciario Provincial, lo que, según su postura, evidencia que el tratamiento penitenciario previo fue “insuficiente”.
Daniel Becher.
Por eso, solicitó una medida puntual: que se solicite su incorporación al sistema federal para internos de alto riesgo. “En el caso del señor Churquina, su integración al Sistema Federal de Gestión de Internos de Alto Riesgo”, planteó y solicitó el traslado inmediato al Servicio Penitenciario Federal.
En el cierre, la Fiscalía solicitó para Churquina 18 años de prisión y multa de $50 millones, con costas y accesorios, y “expresa declaración de reincidencia por primera vez”.
El pedido fiscal para Becher: 16 años y multa
Sobre Becher, Rachid dijo que, tras la absolución por abuso de armas, su calificación quedó idéntica a la de Churquina en términos de delitos. Lo ubicó con un rol directriz y como “principal financista”, y sostuvo que aportó recursos económicos para el narcotráfico, el pago de coimas y el lavado, a través de entramados con testaferros y personas jurídicas.
Como agravantes, planteó la capacidad de ganarse la vida legalmente y el ánimo de “obtener un lucro excesivo” mediante delitos. Como atenuante, computó “la falta de antecedentes”. Solicitó para Becher 16 años de prisión y multa de $48 millones, con costas y accesorios legales.
El pedido fiscal para Cortez: 4 años y revocación de la probation
Para Cortez, Rachid sostuvo que, aunque su participación fue menor, no podía separarse del contexto: integró una organización “de al menos siete personas” dedicada al narcotráfico, cuyo objeto era cocaína, y que su intervención se vinculaba con Ríos, colaborador del proveedor desde Bolivia.
Como dato relevante, remarcó que Cortez estaba cumpliendo una suspensión de juicio a prueba por una causa federal en Jujuy y que, al momento del hecho (fines de agosto de 2023), todavía estaba dentro del plazo de esa probation. Por ello, además de pedir 4 años de prisión y multa de 50 unidades fijas, solicitó que se revoque ese beneficio y se remitan antecedentes al tribunal competente para que continúe el proceso.
Efraín Cortez.
Decomiso: el cierre patrimonial del caso
Rachid dedicó un tramo específico a las consecuencias jurídicas: el decomiso del provecho del delito y de los instrumentos. Lo vinculó a una política criminal de fuente internacional asumida por Argentina a partir de convenios de la ONU y sostuvo que la medida es un complemento preventivo “indefectible” para evitar que el delito rinda. También remarcó que, por su naturaleza, puede alcanzar a terceros.
El fiscal pidió decomisar bienes secuestrados en un local comercial (bicicletas, motos, electrodomésticos y otros), vehículos y operaciones de fondos de comercio, además de dinero y dispositivos electrónicos vinculados al caso.
Las defensas: proporcionalidad, humanidad y oposición al decomiso
En la respuesta, el defensor de Becher, Matías Cúneo Libarona cuestionó el pedido fiscal por considerarlo sobredimensionado, planteó que deben evitarse penas largas de encierro y sostuvo que las cárceles “son cajas de residuos de seres humanos”. También se opuso al decomiso, al afirmar que no veía relación con el supuesto lavado.
La defensa de Churquina, por Lourdes Anziano, pidió la “pena más baja posible”, invocó proporcionalidad y humanidad, sostuvo que el reconocimiento de hechos “constituyó un claro acto de sinceramiento procesal” y pidió el mínimo de la multa y el cumplimiento en el Servicio Penitenciario Provincial.
Sebastián Crespo y Lourdes Anziano, defensores de Churquina.
Sebastián Crespo, también por Churquina, rechazó el decomiso bajo el argumento de que la Fiscalía no individualizó qué bien corresponde a qué conducta, que no acreditó trazabilidad económica y calificó el decomiso como “pena patrimonial encubierta”.
Ezequiel Solano Palermo, por Cortez, pidió la pena mínima y el traslado al Servicio Penitenciario de Jujuy, adelantando que apelará.
La sentencia de pena y el decomiso
Tras una nueva deliberación, la audiencia se reanudó a las 17:08 y el Tribunal resolvió: condenar a Churquina a 15 años de prisión y multa de $50 millones, con costas, y declarar su reincidencia; condenar a Hedel Daniel Becher a 13 años de prisión y multa de $48 millones, con costas; condenar a Efraín David Cortez a 4 años de prisión y multa de 45 unidades fijas, con costas.
Además, dispuso mantener las medidas de coerción y cautelares patrimoniales, dar intervención al Servicio Penitenciario Federal para evaluar el perfil criminal de Churquina y su eventual incorporación al sistema integral de gestión para personas privadas de libertad de alto riesgo, y ordenó el decomiso de un conjunto de bienes (bicicletas, motos, electrodomésticos, vehículos, inmuebles, fondos de comercio, dinero y dispositivos electrónicos), dejando a salvo los derechos de eventuales damnificados y terceros.
También ordenó embargos sobre vehículos e inmuebles sin cautelares, la inscripción de una medida de no innovar sobre los fondos de comercio decomisados y que la administración quede a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado.
Con el fallo leído, el juicio quedó formalmente cerrado en esta instancia, a la espera de los fundamentos completos y de lo que ocurra con las impugnaciones que anticiparon las defensas.
FUENTE EL CHORRILLERO
