Juan Carlos Collado, de 72 años, comenzaría a ser juzgado este lunes. Pero su defensor y el abogado de la familia de las víctimas pidieron que el juicio sea postergado hasta mañana para consultarle a los parientes de Aldana Aguilera y su nena Natasha si aceptan una compensación económica para frenar el debate oral y terminar con la causa.
Hace casi exactamente siete años Juan Carlos Collado, a bordo de su camioneta, no se detuvo ni unos segundos a mirar el color de un semáforo ubicado sobre avenida 25 de Mayo, en el límite de los barrios Lafinur y San Antonio de Villa Mercedes. O quizás lo vio y no le importó porque, aunque el aparato estaba en rojo, sin freno, sin bajar la velocidad siquiera, ni mirar si en la calle que lo cruzaba había alguien, siguió adelante. Y así chocó y arrolló a Aldana Aguilera y a su nena de tres años, Natasha. Literalmente, a la mujer la pasó por arriba con su Ford Ranger. Ni un casco muy bien colocado le hubiera salvado la vida a esa mujer. Madre e hija murieron. Él fue detenido y enviado al penal; pero a los pocos meses quedó libre bajo fianza. Fue polémico, porque debía pagar 100 mil pesos por su libertad y, en su momento, la familia de las víctimas no solo se quejó de que la cifra era irrisoria, sino que denunció que ni siquiera la pagó.
Este lunes, un tribunal unipersonal, comenzaría a juzgar al hombre que hoy tiene 72 años. Llegó libre al debate oral, con un pedido de pena de cuatro años y medio de prisión. Pero, apenas la jueza Cinthia Martín, inició la audiencia los abogados hicieron su planteo. El primero en hablar fue Pascual Celdrán, el representante de los parientes de Aguilera. Dijo que había hablado con Flavio Ávila, el defensor de Collado, por una posible compensación que el acusado está dispuesto a pagarle a la familia de las víctimas para ponerle punto final a la causa y no seguir con el juicio.
El fiscal Ernesto Lutens no se opuso al planteo de los letrados. Por eso tanto Celdrán como Ávila le solicitaron a la jueza un cuarto intermedio hasta el mediodía de mañana (martes), para tener así tiempo suficiente de informarle a los Aguilera sobre lo que Collado quiere ofrecerles y ver si ellos aceptan. Aunque en la audiencia nadie habló de cifras, una fuente le confirmó a El Chorrillero que el acusado está dispuesto a pagar, en efectivo, hasta 15 millones de pesos.
Si los familiares de las víctimas rechazan esa remuneración económica, la defensa solicitará un juicio abreviado, en el que Collado reconocería su responsabilidad en el accidente fatal para acceder así a una condena en suspenso. Eso último significa que el hombre, quien en marzo cumplirá 73 años, no será encarcelado, sino que la pena de cumplimiento efectivo tras las rejas quedaría suspendida y él, libre. Dada su avanzada edad, no es difícil imaginar que tal vez el tribunal haga lugar a ese requerimiento de procedimiento abreviado si el fiscal y la defensa se ponen de acuerdo.
La jueza les concedió el cuarto intermedio hasta este martes, al mediodía. En ese momento, los abogados informarán si cerraron o no un trato por dinero o, de lo contrario, continuarán con el proceso penal.
Collado llegó hasta esta instancia casi final, de juicio, acusado de «doble homicidio culposo, agravado por violar la señalización de semáforo y por el resultado, por ser más de una víctima». Y, aunque ahora se mide entre ir o no preso, estuvo en el Servicio Penitenciario de San Luis. Pero solo unos meses.
La investigación que realizó, en aquel entonces, el exjuez de instrucción 2, Leandro Estrada, ahora fiscal de instrucción 4, le permitió reconstruir a través de varios testimonios y del registro de una cámara de seguridad la secuencia del fatal siniestro.
Cuando fue indagado por Estrada, el acusado dijo que el semáforo que regulaba el tránsito estaba en verde y que, por eso, pasó. Pero, al menos, tres testigos que declararon, de alguna manera, lo desmintieron. De hecho, el exmagistrado comentó que estaba en la búsqueda de una cuarta persona que también habría visto todo lo que sucedió.
El choque que enlutó a una familia fue el martes 16 de octubre de 2018, alrededor de las 10 de la mañana. Cuando declaró por primera vez, el imputado relató que manejaba su Ford Ranger por 25 de Mayo, hacia el sur. Dijo que en el cruce de esa avenida con Ayacucho el semáforo, que le indicaba el paso a él, tenía la luz verde. Lo que, por lógica, le marcaba que los conductores de la otra calle no podían cruzar. Por eso, según él, cuando circulaba por la ochava, “no vio” la Motomel 125 roja, en la que viajaban la joven de 24 años y su criatura, de tres añitos.
Pero los testimonios de tres personas pusieron en jaque lo que decía. Entre ellos estaba un vecino que, al momento del siniestro, estaba parado en una de las esquinas de 25 de Mayo y Ayacucho, y un comerciante que, desde su negocio, se sacudió con el estruendo de la colisión y corrió, rápido como un rayo, hacia afuera para ver lo que había ocurrido.
Todos pudieron ver o aportar un dato sobre el accidente desde “ángulos diferentes”, señaló Estrada, por entonces. Pero en definitiva los tres testigos indicaron lo mismo: que el conductor de la Ranger cometió infracción. “Uno vio el semáforo en verde para la mujer, lo cual permite suponer que el rojo estaba para la camioneta. Otro, el comerciante, por ejemplo, notó que la luz estaba en rojo para el acusado”, detalló.
El registro de una cámara de seguridad también dejó mal parado a Collado. Si bien el aparato estaba ubicado detrás del semáforo, de sur a norte, eso no impedía calcular si el hombre incurrió en el delito.
El video mostró que unos tres segundos antes del impacto otra moto y un auto pasaron por Ayacucho, la calle por la que iban Aguilera y su nena. Esos dos vehículos estuvieron detenidos por un momento y, luego, en sincronía, cruzaron la esquina. Todo eso quiere decir que el semáforo de esa arteria estaba en verde en ese instante y aún lo estaba cuando pasaron por ahí las víctimas.
El registro fílmico reveló que la Ranger no detuvo su marcha antes del impacto, tampoco la moto de Aguilera. La camioneta frenó solo tras el choque. “Tres o cinco segundos después del accidente, la cámara captó a un camión que también circulaba por la avenida”, pero en sentido contrario a Collado, o sea, de sur a norte. El camionero paró. Y eso último dejó a la vista que los semáforos estaban sincronizados y, por lo tanto, el aparato que regula el tráfico por 25 de Mayo estaba en rojo.
La luz verde del semáforo, recordó Estrada, no dura menos de 30 segundos. Lo que indica que cuando las víctimas pasaron por ahí estaban habilitadas para hacerlo; no así los conductores que marchaban por la avenida.
Los peritos, que reconstruyeron la mecánica del accidente, concluyeron que la camioneta frenó 12 metros después del lugar de la colisión; al menos, a esa distancia quedó la Ranger de la Motomel 125.
En un principio el exjuez de instrucción no consideró necesario la realización de una autopsia. Pero, dadas las características del siniestro, finalmente ordenó la necropsia. La médica forense estableció que, además del traumatismo de cráneo que le quitó la vida, la joven sufrió múltiples golpes en el tórax y en el abdomen. El estudio confirmó así que el choque fue todavía más cruento de lo que pensaron, en un principio, los investigadores. Dejó al descubierto que Collado llevó por delante a madre e hija y aunque tuvo la oportunidad de frenar no lo hizo. Siguió adelante y arrolló a la mujer.
El hombre, que ahora tiene la cabeza repleta de canas, fue procesado con prisión preventiva. Pero a los pocos meses, al año siguiente, una Cámara Penal dispuso su liberación, previo pago de una fianza estipulada en unos 100 mil pesos. La familia de las víctimas no lo podían creer. Era “inaudito e irrisorio”, dijo, en su momento, la abogada que los representaba.
Lo del pago fue polémico no solo por la pronta liberación de Collado, sino porque la familia de Aguilera denunció que el imputado jamás cumplió con el pago. Presentó una propiedad como caución de abono, pero el inmueble no le pertenecía. Los parientes no ocultaron el malestar que le produjo la desatención de la Justicia. Refirieron que no hicieron el debido control y permitieron que el acusado “se burlara de la Justicia” y, por lo tanto, debía regresar a prisión cuanto antes.
