La ex funcionaria realizó el planteo para que quedara sin efecto la audiencia donde la imputaron como autora de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y desobediencia a una orden judicial.
Primero, Daniela Torres renunció a su cargo como fiscal de Villa Mercedes (así evitó el juicio político) y después pidió la nulidad de la audiencia donde le formularon cargos por quedarse con el dinero secuestrado en un allanamiento. Hizo cuestionamientos contra el juez Santiago Ortiz, quien la semana pasada fue apartado porque también lo denunciaron.
Este viernes en el Juzgado de Garantía Nº 3 los planteos quedaron resueltos. Natalia Pereyra Cardini rechazó el pedido de nulidad de la audiencia donde la ex funcionaria fue imputada por incumplimiento de los deberes de funcionario público y desobediencia a una orden judicial. Lo que se resolvió fue la fecha cierta de inicio de actuaciones: la primera negativa de la ex fiscal a efectuar la entrega del dinero secuestrado, el 16 de octubre de 2024.
La jueza se manifestó en los términos que se habían pronunciado los fiscales Hugo Salazar Molina y Lucila Giampieri, de la Tercera Circunscripción Judicial, cuando el abogado de Torres, Hugo Scarso hizo los planteos. Tuvo en cuenta que se trata de una nulidad de tipo relativa y que debió plantearse en el momento oportuno tal como lo establece el art 35 del Código de Procedimiento Penal de San Luis. Es decir, la recusación a un magistrado debe concretarse “dentro de los dos días de conocerse las causas en que se funda”. De de la imputación ya pasaron dos meses.
Pereyra Cardini también consideró que la naturaleza de la audiencia de formulación de cargos “es meramente informativa con efectos limitados”, y observó “no se vulneró ninguno derecho ni garantía fundamental”. De este modo quedó confirmada la imputación que hizo Ortiz el 31 de julio pasado (como subrogante del Juzgado Nº 3 que todavía no había designado responsable tras jubilarse Mirta Ucelay). Salazar Molina y Giampieri ya finalizaron la investigación penal preparatoria, y elevarán la causa a juicio en una audiencia de control de acusación que todavía no tiene fecha.
La audiencia donde la jueza Natalia Pereyra Cardini comunicó la resolución al pedido de nulidad.
Torres está acusada de cuatro hechos, dos de ellos por incumplimiento de los deberes de funcionario público y dos hechos por desobediencia, todo en concurso real.
El primero es porque no cumplió con la ley de secuestros (con respecto a un dinero que se secuestró en un allanamiento) el 18 de marzo del año 2024. El segundo es porque mintió en la audiencia frente al juez Matías Farinazzo Tempestini, al decir que esa plata estaba en una cuenta de Procuración, cosa que no existió.
El tercero y el cuarto son por desobediencia. En la misma audiencia el 16 de octubre del año 2024, el magistrado le ordenó la inmediata restitución de los $473.020 que le habían incautado a María Lorena Rodríguez, pero no lo cumplió de inmediato, sino que pasaron más de 10 días. Le solicitó el juez un informe a Fiscalía que estaba a cargo de ella, y tampoco hizo caso.
