Daniela Cristina Torres, quien fue suspendida en mayo por incumplimiento de deberes y desobediencia a orden judicial, decidió renunciar ante el gobernador Claudio Poggi. La decisión se llevó a cabo el martes, después de que el juicio político en el cual estaba a punto de ser juzgada por estos delitos fuera suspendido.
El Tribunal de Enjuiciamiento, integrado por magistrados y diputados, convocaba a Torres para determinar si cometió incumplimiento o desobediencia durante una investigación relacionada con un robo y otro hurto. La fiscal habría dispuesto un allanamiento en el que se incautaron casi medio millón de pesos, aunque no estaban vinculados a la causa. Además, los jueces federales la investigan por su supuesta retención de 30 mil pesos provenientes de una operación policial.
Esta noticia impacta directamente en el escenario judicial provincial, ya que Torres es acusada de haberse quedado con dinero secuestrado. A pesar de entregar parte del dinero a la Justicia Federal, restituyó solo una pequeña cantidad, lo que generó nuevos conflictos legales.
El abogado de Torres no quiso brindar declaraciones, por lo que las acusaciones quedan en pie mientras se investiga el caso.
