Tras la serie de agresiones a efectivos y dependencias, la Justicia viene accionando con arrestos y juicios. La Provincia, que contabiliza 600 episodios en un año y medio, quiere ser querellante y planea reclamar dinero. Claves de un fenómeno sin freno.
“Estos ataques contra policías, lamentablemente llegaron para quedarse. Y preocupa y mucho. Pero el tema central es que la Policía actúe y haga cumplir la ley sin excesos, como está pasando. Se están frenando los excesos en las calles, por suerte. A la vez, los policías están actuando más y eso trae reacciones en algunas barriadas. Ahora, detrás de esto, está claramente la droga. Cada vez cuesta más encontrar a detenidos por robos o delitos que no hayan consumido o consuman”.
La frase pertenece a una alta fuente judicial en torno a la imparable secuencia de ataques y agresiones contra uniformados, edificios policiales y móviles que se viene registrando en los últimos tiempos en la ciudad de Córdoba.
Estadísticas oficiales dan cuenta de 600 agresiones desde hechos menores hasta casos más graves en los últimos 17 meses.
Y entre los últimos episodios graves están dos casos de la madrugada del jueves: por un lado, una turba atacó a pedradas la comisaría de barrio Ciudad de Mis Sueños tras un procedimiento policial por una moto; por el otro, el ataque de un grupo de chicos con una bomba incendiaria contra el auto del oficial de custodia de otra comisaría, la de Müller.
En este último hecho, ese policía terminó con quemaduras en manos.
La Policía reaccionó con detenciones y una alta cantidad de disparos con postas de gas pimienta para descomprimir a revoltosos.
En medio de todo, en ambos casos participaron chicos y jóvenes menores de edad, según fuentes policiales y judiciales. Por el caso de la molotov, incluso, fue demorado un adolescente de 14 años que cuenta con un preocupante historial de delitos en los últimos meses y con familiares vinculados a graves casos años atrás.
La mayoría de estos chicos son inimputables. En otros casos, han pasado por estamentos de Senaf.
En el Ejecutivo hay alta preocupación por estos episodios.
Desde el Ministerio de Seguridad niegan que haya un efecto contagio y relacionan las agresiones contra uniformados “a una mayor acción y presencia de azules en los barrios”.
Hablan de “acción y reacción”. “Hay una locura que se extiende en muchos barrios. Hay una fuerte crisis de valores e intolerancia sumada a la violencia. Lo venimos viendo y diciendo. ¿Dónde se ha visto que en los barrios haya baldes con piedras para que los chicos y jóvenes se los lancen a los policías? ¿Dónde se ha visto que un pibe de 14 arme una molotov?”, señaló el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.
En este cuadro, la Justicia penal también ha reaccionado.
Por directivas de la Fiscalía General, al fiscal Raúl Garzón se le asignó competencia para investigar y actuar en casos de agresiones contra policías y blancos de la fuerza en Capital.
Desde esa fiscalía se informó que desde febrero de 2024 a la actualidad (16 meses) se abrieron 205 causas por ataques a uniformados, de las cuales ya hubo 10 condenados (principalmente jóvenes varones) a penas de cárcel por delitos como lesiones, resistencia a la autoridad y daños, en el marco de juicios abreviados.
En paralelo, hay 84 detenidos por ataques contra policías, 19 de los cuales ya cuentan con prisiones preventivas y por ser enviados a juicio.
