El Gobernador encabezó un plenario con representantes de los tres poderes del Estado para coordinar la implementación del nuevo marco normativo. También anunció refacciones en los CANAF, la compra de seis vehículos y capacitaciones específicas para el personal.
El gobernador Claudio Poggi participó este jueves de un plenario sobre el Régimen Procesal Penal Juvenil, que reunió a representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para analizar los cambios necesarios ante la entrada en vigencia de la nueva normativa nacional.
Durante la jornada, el mandatario firmó el proyecto de Ley de Adecuación del Régimen Procesal Penal Juvenil de San Luis y dos decretos vinculados con la refacción de los Centros de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (CANAF) y el llamado a licitación para adquirir vehículos destinados a estos dispositivos.
“Todos somos parte del Estado y nuestro deber de servidores públicos nos obliga casi a articular acciones, sobre todo con institutos, con legislaciones nuevas como esta, que nos rigen en todo el país y en San Luis también”, expresó Poggi. Además, sostuvo que la coordinación entre instituciones debe realizarse respetando la independencia de poderes.
Los ejes del nuevo régimen
El encuentro estuvo organizado en cuatro paneles con exposiciones de funcionarios, legisladores y representantes del ámbito judicial. Entre los principales temas se abordaron las garantías de los adolescentes, el acceso a la defensa, las medidas alternativas a la privación de la libertad y la articulación entre las distintas áreas estatales.
El procurador General de la Provincia, Eduardo Cadelago Filippi, señaló que la nueva legislación no se limita a establecer la edad de imputabilidad, sino que también determina derechos, procedimientos, plazos y principios para el tratamiento de los menores involucrados en conflictos penales.
Por su parte, la defensora General, Marcela Torres Cappiello, remarcó la importancia de garantizar una defensa técnica y un proceso justo, con especial atención a la etapa de desarrollo de los adolescentes.
En el panel legislativo, la secretaria de Legal y Técnica, Natalia Carranza, explicó el objetivo del proyecto provincial: “Este proyecto no busca volver a explicar el régimen nacional, sino establecer cómo lo vamos a aplicar en San Luis”.
También destacó que los adolescentes deben ser escuchados, contar con defensa y comprender el proceso. En ese sentido, afirmó que la privación de la libertad debe ser excepcional y que las medidas deben adecuarse a cada situación.
Refacciones, vehículos y capacitación
Como parte de la implementación, la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, anunció la adecuación de tres edificios ubicados en San Luis, Villa Mercedes y Concarán. Las obras contemplan la reconversión de celdas en habitaciones y la creación de espacios para equipos técnicos, trabajadores sociales y psicólogos.
Además, se prevé la adquisición de seis vehículos no identificables para las dependencias de los CANAF de San Luis, Villa Mercedes, Concarán, Buena Esperanza, San Francisco/Quines y Villa de Merlo. Las unidades contarán con medidas de seguridad, vidrios antivandálicos y sistemas de monitoreo y posicionamiento conectados con el despacho policial del 911.
Sosa también informó que el personal de los CANAF deberá realizar una capacitación específica de 100 horas, prevista entre marzo y mayo de 2027. La formación abordará la aplicación y los alcances del Régimen Penal Juvenil.
Un instituto especializado para 2027
Entre las medidas proyectadas, la Provincia prevé construir en 2027 un Instituto Penal de Alojamiento Juvenil dentro de un sector del Servicio Penitenciario Provincial, con ingreso independiente y adecuaciones a la normativa vigente.
La iniciativa busca contar con un espacio específico para el alojamiento de adolescentes, evitando que deban ser trasladados a otras provincias.
Por su parte, el ministro de Desarrollo Humano, Gustavo Bertolini, subrayó que el ingreso al sistema penal no implica perder derechos como la educación, la salud y los vínculos familiares y comunitarios. También destacó la importancia de trabajar desde el primer día en la reinserción social y en la construcción de un proyecto de vida alejado del delito.
El plenario permitió reunir propuestas y definir acciones para adaptar los procedimientos, la infraestructura y los recursos humanos de San Luis al nuevo régimen penal juvenil.
