La camioneta tenía un pedido de secuestro en el expediente que involucra a la ex presidenta, su familia y Lázaro Báez. La conducía un vecino de Cortaderas y fue interceptada sobre la ruta provincial Nº 1 tras una alerta del 911 de Merlo.
La Policía de San Luis secuestró una camioneta RAM 2500 Laramie 4×4 que tenía un pedido judicial en el marco de una causa vinculada con presuntas maniobras de lavado de dinero que involucran a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, su familia y el empresario Lázaro Báez.
El procedimiento se concretó a las 10:02 en el puesto de control Casilla Los Molles, sobre la ruta provincial Nº 1. Según el informe policial, la camioneta circulaba desde Cortaderas hacia Villa de Merlo y fue interceptada después de que el centro de operaciones alertara a los efectivos sobre el pedido de secuestro vigente.
La alerta fue comunicada a los efectivos apostados en la ruta, que realizaban un operativo con colaboración de personal de Caminera. Los policías detuvieron la marcha de una camioneta con las características informadas y solicitaron la documentación al conductor, un vecino de Cortaderas.
La cédula exhibida confirmó que se trataba del vehículo señalado. Los efectivos comunicaron la situación al subjefe de la Subcomisaría Nº 19 de Carpintería y al oficial de servicio del Puesto Nº 27, quienes acudieron al lugar junto con personal policial.
Al conductor le informaron que sobre la RAM pesaba un pedido de secuestro proveniente del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego concretaron el secuestro preventivo en presencia de un testigo y continuaron con las diligencias correspondientes.
El parte identifica la causa Nº 11352/14, caratulada “Fernández de Kirchner, Cristina Elisabet y otros s/ inf. art. 303 del CP”, correspondiente a un expediente por presunto lavado de dinero.
El vínculo con la investigación
La causa está relacionada con empresas hoteleras y sociedades de la familia Kirchner, entre ellas la firma vinculada al hotel Alto Calafate, en Santa Cruz. La investigación se centró en presuntas maniobras de lavado de dinero mediante operaciones comerciales entre esas empresas y firmas de Báez.
Según la acusación de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, parte de los fondos obtenidos mediante adjudicaciones irregulares de obra pública a empresas de Báez habría regresado al patrimonio de la familia Kirchner a través de la actividad hotelera. Los pagos presentados como operaciones comerciales habrían servido para dar apariencia legal a dinero de origen ilícito.
Un oficio judicial del 28 de febrero de 2019, firmado por el juez federal Julián Ercolini y dirigido a Gendarmería Nacional, comunicó la orden de secuestrar vehículos detallados en un listado adjunto. La medida comprendía bienes de distintas personas y empresas vinculadas al expediente, entre ellas Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez y Austral Construcciones.
El documento establecía que, ante la localización de alguno de esos vehículos, debía consultarse de inmediato al Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 8 y dejar la medida a su exclusiva disposición.
El secuestro se produjo cuando la causa Hotesur ya tiene fecha para el juicio oral. El 17 de septiembre, el Tribunal Oral Federal Nº 5 dispuso que el debate comenzará el 19 de marzo de 2027, a las 10, con Fernández de Kirchner, su hijo Máximo y el empresario Lázaro Báez entre los acusados.
Controles y tecnología para detectar vehículos buscados
La coordinación entre el 911 de Merlo y los efectivos desplegados sobre la ruta fue determinante para localizar la camioneta: la alerta identificó sus características, patente y sentido de circulación, y el control confirmó los datos antes de concretar el secuestro.
El procedimiento pone en primer plano la importancia de los controles vehiculares y del intercambio de información sobre pedidos judiciales. En paralelo, San Luis desarrolla un programa de modernización de sus 14 puestos limítrofes oficiales, con renovación edilicia, iluminación, señalización y tecnología vinculada al anillo digital provincial.
En mayo, la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, informó que la provincia contaba con 173 cámaras lectoras de patentes, que generaban unas 420 mil lecturas diarias. Según explicó, el sistema permite detectar el desplazamiento de vehículos involucrados en hechos delictivos y fortalecer los controles en corredores estratégicos.
La política provincial también contempla la coordinación con Mendoza. En marzo, el gobernador Claudio Poggi y Alfredo Cornejo firmaron un convenio para crear una zona unificada de control policial en Desaguadero, con infraestructura y recursos tecnológicos compartidos y un centro de monitoreo integrado para administrar alertas de búsqueda de vehículos y personas.
