La iniciativa impulsada por el gobernador Claudio Poggi está lista para ser tratada en Diputados. El texto mantiene los principales parámetros de refinanciación y amplía el alcance para incorporar deudas vinculadas con servicios públicos de competencia provincial.
El proyecto de ley impulsado por el gobernador Claudio Poggi para crear el “Programa de Desendeudamiento y de Incentivo al Consumo Familiar” dio un paso en la Legislatura provincial.
La comisión de Finanzas, Obras Públicas y Economía emitió despacho por mayoría luego de una reunión con representantes sindicales y del sector privado comercial, en la que los legisladores escucharon distintas posiciones y aportes sobre la iniciativa.
La propuesta será considerada en el recinto de la Cámara de Diputados y propone un esquema de beneficios fiscales para las entidades crediticias que presenten planes de refinanciación con condiciones más favorables para las familias que se encuentren en situación de mora.
Y contempla dos programas. El primero está destinado al desendeudamiento familiar, mientras que el segundo apunta a incentivar el consumo en comercios de la provincia mediante promociones, descuentos, reintegros, vouchers y otras modalidades.
El encuentro de este martes en la Cámara Baja contó con la participación de Mario Loyola, de la Asociación Personal de la Universidad Nacional; María Luz Eggel, de la Asociación de Docentes Universitarios de la UNSL; Claudio Suárez, de la Unión Personal Civil de la Nación; Iris Marisol Donaire, de la Asociación Trabajadores del Estado; Ángel Soria, del Centro de Almaceneros San Luis; y Emmanuel López, de la Cámara de Comercio de San Luis.
Pero hubo una novedad: el despacho aprobado introdujo además una modificación respecto del texto original enviado por el Ejecutivo.
El artículo seis, que regula las propuestas de refinanciación, originalmente permitía consolidar deudas provenientes de distintas entidades alcanzadas por el programa. Finalmente, esto fue ampliado. Se incorporó la posibilidad de incluir deudas que tengan las personas, en carácter de consumidores, con servicios públicos de competencia provincial (por ejemplo mora con Edesal), de acuerdo con lo que finalmente establezca la reglamentación.
El proyecto inicial definía como entidades alcanzadas a las financieras, los proveedores no financieros de crédito, las empresas de tecnología financiera y otras personas jurídicas o entidades registradas y autorizadas por el Banco Central para otorgar préstamos o asistencia crediticia.
En sus fundamentos, la iniciativa plantea que la reducción del peso de las cuotas permitirá recuperar margen de maniobra económico y liquidez disponible en los hogares.
La presidenta de la comisión, Eugenia Gallardo (Ahora San Luis), puntualizó que la reunión permitió “escuchar las distintas miradas y aportes vinculados a la iniciativa” y explicó que se trata de una propuesta que “busca intervenir sobre las condiciones en las que las familias afrontan sus compromisos financieros”.
“Es un proyecto de ley muy amplio, abarcativo y entiendo que va a representar un gran alivio para aquellas familias que se encuentran en situación de morosidad con entidades financieras”, aseveró en declaraciones a El Chorrillero.
Por otro lado, indicó que el esquema supone un esfuerzo fiscal de la Provincia para generar mejores condiciones para los hogares.
Uno de los mecanismos centrales consiste en permitir que un hogar pueda consolidar deudas contraídas con distintas entidades en un nuevo plan de refinanciación. La intención es simplificar los pagos, extender los plazos, reducir las cuotas y limitar la tasa de interés dentro de los parámetros establecidos por la iniciativa.
“Permite una reorganización mediante la consolidación de deudas adquiridas con el objetivo de que puedan unificarse en una para aliviar y simplificar la forma de pagarlas”, sumó Gallardo.
La legisladora agregó que se busca “estirar los plazos de pago” y “reducir el valor de las cuotas”, al tiempo que se procura minimizar la tasa de interés aplicada a las refinanciaciones.
“No es una problemática solo del sector público sino también de trabajadores del ámbito privado”, señaló.
Y afirmó que “en su gran mayoría” de quienes participaron de la reunión “estuvieron conformes con el proyecto de ley”.
El Ejecutivo sostiene que la reducción de las cuotas y la extensión de los plazos permitirían liberar parte de los ingresos mensuales de las familias. Según el proyecto, ese dinero podría volcarse nuevamente al consumo de bienes y servicios dentro de San Luis.
“Creemos que inmediatamente se van a liberar ingresos para que se vuelquen a la economía volviéndose a dar un círculo virtuoso en la economía”, completó Gallardo.
El segundo eje es el Programa de Incentivo al Consumo Familiar. Las instituciones que adhieran al esquema de desendeudamiento podrán presentar planes de estímulo para promover compras en comercios de la provincia a cambio de un crédito fiscal equivalente al 25% de los beneficios efectivamente otorgados.
“Este flujo financiero liberado se vuelca de manera inmediata al consumo de bienes y servicios en el comercio local”, sostiene el texto.
El proyecto tiene 21 artículos distribuidos en cuatro títulos.
La oposición emitió su propio dictamen por la minoría.
Punto por punto: cómo funcionaría el programa de desendeudamiento y consumo
1. ¿Quiénes podrán acceder?
El programa de desendeudamiento está dirigido a personas humanas domiciliadas en San Luis que tengan deudas como consumidores finales.
Quedan comprendidas las obligaciones contraídas con entidades financieras, proveedores no financieros de crédito, empresas fintech y otras personas jurídicas o entidades registradas y autorizadas por el Banco Central para otorgar préstamos o asistencia crediticia.
Para ingresar al programa, las deudas deberán tener una mora superior a tres meses al momento de la sanción de la ley. El monto máximo alcanzado quedará sujeto a la reglamentación.
El despacho también amplía el mecanismo de consolidación previsto en el artículo 6 para contemplar deudas de consumidores vinculadas con servicios públicos de competencia provincial.
2. ¿Qué deberán ofrecer las entidades?
Las entidades que adhieran tendrán que presentar planes de refinanciación con condiciones más favorables que las vigentes en la propia institución y que las existentes en el mercado.
Las propuestas podrán incluir quitas de capital e intereses, reducción de tasas, plazos de amortización más extensos, períodos de gracia, bonificaciones por pago en término u otras modalidades que mejoren las condiciones de financiación.
También podrán consolidarse deudas contraídas con distintas entidades alcanzadas por el programa.
3. Los parámetros mínimos de las refinanciaciones
El artículo 7 establece condiciones objetivas que deberán cumplir los planes.
El deudor deberá acreditar al menos dos años de domicilio ininterrumpido en San Luis. Las refinanciaciones deberán contemplar un plazo mínimo de 24 meses y un período de gracia de al menos dos meses.
La tasa nominal anual no podrá superar en 10 puntos porcentuales a la TAMAR total de bancos y la cuota no podrá superar el 30% de los ingresos del grupo familiar.
Además, las entidades deberán gestionar la actualización de los registros de deudores morosos una vez formalizado el plan, no podrán cobrar gastos administrativos, comisiones ni honorarios adicionales y deberán ajustarse a las disposiciones del Banco Central.
El Poder Ejecutivo podrá modificar o readecuar estos parámetros según la situación socioeconómica y financiera vigente al momento de aprobar las propuestas.
4. Beneficios impositivos para las entidades
La Provincia podrá eximir del pago de Ingresos Brutos y del Impuesto a los Sellos a los ingresos, operaciones, actos, contratos e instrumentos vinculados con los planes de refinanciación.
La exención de Ingresos Brutos tendrá una duración de un año desde la firma del respectivo plan.
El beneficio no será automático. Las entidades deberán presentar sus propuestas y la exención será otorgada mediante decreto, previo dictamen de la autoridad de aplicación.
El objetivo planteado en los fundamentos es que la ventaja tributaria se traduzca en mejores condiciones para las familias mediante quitas, tasas más bajas, plazos más extensos y períodos de gracia.
5. Capacitación financiera obligatoria
Como condición para acceder a los beneficios, las entidades deberán comprometerse a implementar programas gratuitos de formación financiera.
Las capacitaciones estarán destinadas a la planificación de las finanzas familiares y a la prevención del sobreendeudamiento. La autoridad de aplicación determinará la modalidad, los contenidos mínimos y la forma de acreditación.
6. Un segundo programa para impulsar el consumo
El proyecto crea el programa de Incentivo al Consumo Familiar, destinado a las entidades que hayan adherido previamente al programa de desendeudamiento.
Estas instituciones podrán presentar planes para estimular el consumo local mediante descuentos, reintegros, vouchers, tarjetas prepagas y otras modalidades de beneficios.
Las promociones deberán representar una mejora efectiva respecto de los beneficios promedio ofrecidos por la entidad durante el último año.
La autoridad de aplicación podrá, además, direccionar los estímulos hacia determinados sectores de la economía provincial.
7. ¿Cuánto deberán destinar a las promociones?
El artículo 11 establece un piso y un techo para los recursos destinados a los planes de estímulo.
El monto mínimo deberá ser equivalente a los impuestos provinciales devengados durante los dos meses anteriores a la solicitud de adhesión.
El máximo será equivalente a los impuestos provinciales devengados durante los 12 meses anteriores.
Las entidades podrán presentar más de un plan, siempre que el monto total comprometido no supere ese límite.
8. Crédito fiscal del 25%
Las entidades que adhieran al programa podrán acceder a un crédito fiscal equivalente al 25% del importe efectivamente otorgado mediante los planes de estímulo al consumo.
El crédito será nominativo e intransferible y podrá utilizarse exclusivamente para cancelar obligaciones tributarias provinciales propias.
La habilitación para utilizarlo se realizará mensualmente, tomando en cuenta los beneficios que efectivamente hayan recibido los consumidores durante el mes anterior.
Para acceder al crédito fiscal, las entidades deberán presentar sus propuestas y detallar los fondos comprometidos y el impacto esperado sobre la economía local.
9. La participación del Gobierno deberá figurar en las promociones
Las entidades que reciban beneficios fiscales deberán identificar de manera clara y visible la participación del Gobierno de San Luis en las campañas promocionales y publicitarias vinculadas con el programa.
La obligación también alcanza a los actos relacionados con la implementación de los planes de estímulo.
El incumplimiento podrá provocar la caducidad de los beneficios fiscales otorgados.
10. ¿Qué ocurre si una entidad incumple?
La falsedad de los datos declarados o el incumplimiento de los requisitos establecidos por la ley y su reglamentación provocará la caducidad automática del beneficio otorgado.
En ese caso, la entidad deberá ingresar los tributos que no pagó como consecuencia de la exención, junto con los intereses, recargos y sanciones previstos en el Código Tributario Provincial.
11. Quién controlará el programa y cuánto durará
El ministerio de Hacienda e Infraestructura Pública será la autoridad de aplicación. Tendrá a su cargo la evaluación de las propuestas, la fiscalización del cumplimiento y el dictado de las normas complementarias necesarias para implementar el programa.
La ley entrará en vigencia después de su publicación en el Boletín Oficial y Judicial de San Luis y tendrá una duración inicial de un año.
El Poder Ejecutivo podrá prorrogarla total o parcialmente por períodos sucesivos que no superen el plazo original.
El proyecto quedó así en condiciones de ser debatido este miércoles en la Cámara de Diputados, después del paso por comisión y de la reunión con representantes sindicales y del sector comercial.
