El proyecto de presupuesto enviado por el Gobierno al Congreso contempla $12,8 billones para la función Salud, un 16% más que lo previsto para 2026 y cerca de 30% por encima, en términos reales, de 2023.
El sistema público de salud atraviesa un escenario de mayor demanda, con un número creciente de personas que dejaron de contar con cobertura de obras sociales o medicina prepaga y pasaron a depender de hospitales y centros de atención estatales. En ese contexto, el proyecto de Presupuesto 2027 remitido por el Gobierno nacional al Congreso contempla un incremento de los recursos destinados al capítulo Salud, que alcanzarían los $12,8 billones frente a los $11 billones previstos para este año.
El aumento representa un 16% interanual y, de acuerdo con las estimaciones presupuestarias, una suba real cercana al 30% respecto de 2023. El proyecto todavía debe ser tratado.
Un análisis presupuestario advierte, además, que parte del crecimiento está vinculado con cambios en la forma de contabilizar el financiamiento del PAMI desde 2024, por lo que no todo el incremento implica necesariamente un aumento equivalente de los recursos destinados directamente a prestaciones sanitarias.
Uno de los factores que explica la presión adicional sobre el sistema estatal es el movimiento registrado en las coberturas médicas. Un trabajo del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), elaborado a partir de datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), muestra que desde 2023 se produjo una reducción en la cantidad de personas que cuentan con obras sociales o medicina prepaga.
Según ese relevamiento, en 2023 había poco más de 18 millones de personas con cobertura de obras sociales y alrededor de 1,5 millones con medicina prepaga. Para el primer cuatrimestre de 2026, las cifras habían descendido a unos 17,4 millones en obras sociales y 1,4 millones en medicina privada.
La comparación arroja una caída de 629.384 personas en las obras sociales y de otras 105.521 en las prepagas. En total, son cerca de 735 mil personas que dejaron de contar con esas coberturas en el período analizado. Al sumar a unas 516 mil personas que ya se encontraban fuera de esos sistemas, el universo de quienes dependen exclusivamente de la atención pública alcanza aproximadamente 1,2 millones.
El impacto se observa también en el volumen de atención. De acuerdo con datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud (DEIS) del ministerio de Salud de Nación y de las direcciones provinciales, la cantidad de atenciones en centros estatales nacionales y provinciales ronda actualmente los 100 millones por año. La cifra incluso supera los registros de entre 90 y 95 millones de atenciones que se habían alcanzado en 2019.
Para el presidente de Idesa, Jorge Colina, uno de los cambios que está detrás de esta mayor demanda es la evolución del mercado laboral y, particularmente, el crecimiento del empleo informal. “En los últimos años se dio un incremento muy fuerte en la cantidad de pacientes que debe atender la salud pública; está sobrecargada”, sostuvo.
El escenario no implica, sin embargo, que toda la población que perdió una cobertura haya quedado necesariamente sin ninguna alternativa privada. En el caso de las prepagas, las entidades del sector calculan que actualmente unas 8,4 millones de personas permanecen dentro del sistema, una cifra similar a la del año anterior.
Las compañías señalan que algunos afiliados que enfrentaron dificultades económicas optaron por cambiar a planes de menor costo antes que abandonar la cobertura.
La evolución del mercado laboral ayuda a dimensionar parte del contexto en el que se produce este movimiento. El Indec informó que la tasa de desocupación llegó al 7,9% en el segundo trimestre de 2026, frente al 7,6% registrado en el mismo período de 2025. La cifra equivale a unos 1,8 millones de personas desocupadas.
Al mismo tiempo, la informalidad laboral mostró un incremento. La tasa pasó del 19,2% en el segundo trimestre de 2025 al 20,2% en el mismo período de este año. Dentro de la población ocupada, el empleo formal bajó del 56,6% al 54,9%, mientras que el informal pasó del 43,2% al 45%. Esto representa, según los datos de la EPH, más de 550 mil trabajadores informales adicionales y un universo cercano a los 10 millones de personas en esa condición.
A este escenario se suma una estimación privada que señala que durante 2026 se perdieron alrededor de 61 mil puestos de trabajo. La combinación entre menor empleo formal, mayor informalidad y pérdida de cobertura contributiva constituye uno de los elementos que ayuda a explicar por qué una mayor cantidad de personas termina recurriendo al sistema estatal.
El proyecto de Presupuesto 2027 plantea así un aumento de los recursos para Salud en un momento en que hospitales y centros públicos reciben una demanda creciente. El desafío para el sistema no se limita al volumen de pacientes: también involucra su capacidad para sostener medicamentos, equipamiento, infraestructura y prestaciones de alta complejidad.
De hecho, durante septiembre el Gobierno nacional ya dispuso una ampliación de los créditos de la cartera sanitaria por más de $323 mil millones para atender, entre otros puntos, la compra de medicamentos y vacunas, servicios de logística y equipamiento, además del funcionamiento de hospitales de alta complejidad.
