El Plan Maestro del Agua 2026-2036 propone una mirada integral sobre uno de los recursos estratégicos de la provincia. El diagnóstico oficial analiza la disponibilidad, la infraestructura y las demandas actuales, mientras que la planificación proyecta medidas para garantizar el abastecimiento de ciudades y pueblos, acompañar la producción, proteger las cuencas y fortalecer la gestión hídrica.
En una provincia donde el agua está condicionada por un territorio predominantemente semiárido y por un régimen de precipitaciones marcadamente estacional, pensar cómo se administrará el recurso durante los próximos 10 años supone mucho más que proyectar nuevas obras. Implica conocer cuánto hay disponible, cómo se utiliza, cuánto se pierde, de qué manera se distribuye, qué infraestructura necesita mantenimiento y cómo se protegerán las fuentes de agua frente a escenarios de mayor variabilidad climática.
Ese es el punto de partida del Plan Maestro del Agua 2026-2036 para el Desarrollo Humano y Económico Sustentable de San Luis (PMA), elaborado como un instrumento de planificación de largo plazo y presentado por el gobernador Claudio Poggi ante la Legislatura, ingresó la Cámara de Diputados y está bajo tratamiento en comisión. El documento define al PMA como una herramienta destinada a transformar la gestión del recurso hacia un horizonte de sostenibilidad y eficiencia y plantea que la denominada “seguridad hídrica” debe convertirse en el concepto ordenador de las políticas a desarrollar durante la próxima década.
El propio Plan propone una definición que permite dimensionar su alcance: no se trata solamente de garantizar que haya agua, sino de contar también con las instituciones, la infraestructura y las herramientas necesarias para administrar, prestar los servicios vinculados al recurso y reducir los efectos ante situaciones extremas, como sequías, inundaciones o fallas de infraestructura.
Según el texto donde está plasmado el PMA, el diagnóstico parte de una realidad que presenta fortalezas y, al mismo tiempo, desafíos. San Luis dispone de una infraestructura hídrica de gran extensión. El sistema está compuesto por 20 diques, acueductos, canales y pozos públicos y alcanza una capacidad total de embalse de unos 470 hectómetros cúbicos.
El plan señala además una red que supera los 4.400 kilómetros de acueductos y los 730 kilómetros de canales, con cobertura sobre que engloba el 80% del territorio provincial.
Es una infraestructura que permite almacenar y trasladar agua entre regiones con características diferentes. El régimen de lluvias es principalmente estival y existe un marcado declive entre el este, donde las precipitaciones pueden alcanzar entre 700 y 800 milímetros anuales, y el noroeste, con registros que descienden hasta los 300-400 milímetros. Esa distribución condiciona la disponibilidad y obliga a utilizar los embalses como mecanismos de regulación.
Ese balance, que está incluido en el Plan, estima para todas las regiones hídricas un derrame de 1.554 hm³ anuales, de los cuales unos 510 hm³ corresponden al derrame de las cuencas y 338 hm³ a los volúmenes en embalses, mientras que la capacidad útil estimada a embalsar alcanza los 74 hm³ según el análisis.
Pero el plan advierte que esos valores no significan que toda esa agua pueda ser utilizada en cualquier punto de la provincia: la disponibilidad efectiva depende de la capacidad de distribución de acueductos y canales.
El diagnóstico sostiene que, desde el punto de vista cuantitativo, los usos actuales están en general garantizados, aunque existen situaciones particulares en regiones como Llanura Sur y Desaguadero, donde las condiciones de lluvia pueden afectar la calidad del recurso y las características del terreno no permiten generar embalses.
Por ello la estrategia actual se apoya en almacenar agua durante el período de mayores precipitaciones para disponer de ella durante el invierno y trasladarla, cuando es necesario, hacia otras regiones. El texto menciona entre los embalses que cumplen ese papel a Nogolí, Esteban Agüero, Saladillo, La Florida y Paso de las Carretas.
Pero garantizar el agua no depende únicamente de tener fuentes y reservorios. Una de las cuestiones que el Plan pone bajo la lupa es el estado y funcionamiento de la infraestructura existente. La mayor parte de los diques provinciales tiene más de 40 años de servicio y, según el dossier, no cuenta con una actualización de las condiciones hidrológicas correspondientes a las actuales características del territorio. A la vez, los procesos de sedimentación reducen el volumen útil de los embalses y pueden afectar su capacidad para atenuar las crecidas.
Como parte de los trabajos vinculados al propio Plan se realizaron batimetrías (NdeR: Estudio de las profundidades acuíferas) actualizadas de los embalses, consideradas una herramienta necesaria para conocer esa situación y avanzar sobre los problemas detectados.
En los acueductos aparece otro de los desafíos. El Plan plantea la necesidad de pasar de una lógica basada muchas veces en respuestas posteriores a los problemas hacia una política de mantenimiento preventivo, control de caudales y renovación de los tramos deteriorados. Entre las medidas previstas aparecen sistemas de monitoreo remoto para detectar fugas, reparación de sectores críticos, estudios para sustituir acueductos antiguos y, en un horizonte de diez años, la renovación de aquellos sistemas que presenten mayor deterioro.
El dato de las pérdidas adquiere especial relevancia cuando se mira la demanda futura. El escenario prospectivo elaborado por el Plan calcula que, si se mantuvieran las pérdidas actuales estimadas en torno al 39%, el consumo doméstico podría llegar a 106,4 hm³ anuales, frente a los 95,89 hm³ de la situación prospectiva deseada.
En ese escenario no deseado, la provincia debería incrementar en un 16,6% la conducción de agua cruda para cubrir la diferencia de abastecimiento durante los próximos diez años.
La diferencia entre ambos escenarios ayuda a entender el sentido del Plan. La alternativa no pasa solamente por conseguir más agua para responder a una demanda creciente, sino también por usar mejor el agua disponible.
Ciudades y pueblos: garantizar el acceso al agua y reducir los riesgos
La primera dimensión estratégica apunta directamente hacia las ciudades, pueblos y zonas rurales. El objetivo es garantizar un acceso al agua que sea continuo, seguro y suficiente, tanto para consumo humano como para las necesidades de cada territorio.
En este campo, el diagnóstico identifica distintas “brechas”: mantenimiento y control de los acueductos de provisión de agua cruda, sistemas de conducción a cielo abierto, provisión mediante perforaciones, falta de información meteorológica vinculada al agua, mapas de riesgo hídrico urbano, modelación de cuencas y obras destinadas a disminuir riesgos.
En el estudio también aparecen cuestiones relacionadas con la seguridad de los propios embalses y la necesidad de contar con sistemas de alerta temprana.
Una de las propuestas que figuran en el PMA consiste en avanzar sobre aquellas conducciones a cielo abierto que actualmente transportan agua hacia plantas potabilizadoras. El Plan advierte que esos sistemas pueden generar pérdidas por evaporación y filtraciones y dificultades para garantizar la calidad del recurso. El escenario deseado apunta a conducciones cerradas o acompañadas por mantenimiento sistemático y un monitoreo de caudales y calidad.
La planificación también incorpora el riesgo hídrico. Se propone desarrollar mapas de riesgo urbano más detallados, que permitan identificar áreas de peligrosidad, vulnerabilidad y utilizarlos como herramientas para la planificación territorial, la gestión de emergencias y la adaptación al cambio climático. La intención es que esa información sea actualizada periódicamente y pueda usarse en un sistema geográfico común.
La seguridad de los diques forma parte del mismo enfoque. El Plan plantea actualizar los estudios hidrológicos e hidráulicos, evaluar las obras de alivio, analizar la capacidad de los embalses para afrontar eventos críticos y revisar los escenarios de inundación aguas abajo. También contempla actualizar los “Planes de Acción Durante la Emergencia” y definir vías de escape, sistemas de alarma y mecanismos de comunicación con la población.
Producción: que el agua también sea un factor de desarrollo
La segunda dimensión mira al uso productivo. El PMA considera al agua un factor estratégico para consolidar la producción y generar mayor valor agregado, pero plantea que ese crecimiento debe producirse de acuerdo con la disponibilidad real del recurso.
La propuesta incluye avanzar en la definición de áreas productivas irrigadas, mejorar la eficiencia de los sistemas de riego, optimizar el funcionamiento de los canales y profundizar el conocimiento sobre las aguas superficiales y subterráneas.
La idea es que las decisiones productivas estén atadas a información precisa sobre la disponibilidad hídrica de cada región.
La lógica es particularmente relevante para una provincia donde conviven zonas semiáridas con áreas bajo riego y donde el aprovechamiento de los acuíferos tiene un peso clave. El propio escrito señala que las actividades productivas dependen tanto del sistema de embalses y acueductos como de las perforaciones para extraer agua subterránea.
El objetivo, en este caso, no es separar producción y preservación, sino incorporarlas a una misma planificación. Para eso, el Plan incluye entre sus herramientas la implementación de balances hídricos regionales y por embalse. De esa manera poder contar con información y saber con precisión qué cantidad de agua puede utilizarse y bajo qué condiciones.
Entre las brechas identificadas aparece la necesidad de mejorar la implementación de esos balances y el seguimiento de la relación entre volumen almacenado, volumen extraído y los cambios en la calidad del agua.
Cuencas: preservar la fuente y no solamente administrar el recurso
La tercera dimensión que muestra el PMA lleva la mirada aguas arriba. El Plan entiende que no alcanza con administrar el agua una vez que llega a los embalses, acueductos o la distribución. También es necesario proteger las cuencas que permiten que ese recurso exista.
En este punto aparecen cuestiones ambientales, monitoreo hidrométrico, recarga hídrica, calidad del agua y manejo biológico de los cuerpos de agua. El diagnóstico incluye como brechas la capacidad institucional para monitorear el recurso, las herramientas de medición, la evaluación de datos y el conocimiento sobre la relación entre los volúmenes almacenados.
Los cuerpos de agua también son considerados desde una perspectiva que excede el abastecimiento. Los 20 embalses y las distintas lagunas naturales y artificiales son reconocidos por el Plan como reservorios de biodiversidad y espacios vinculados con actividades como el turismo y la pesca deportiva. El documento propone, por lo tanto, mejorar la información biológica disponible y caminar hacia un manejo que permita compatibilizar esos usos con la preservación ambiental.
La adaptación al cambio climático atraviesa esta dimensión. El Plan plantea que la variabilidad de las lluvias y los cambios climáticos obligan a mejorar la información disponible y la capacidad para anticiparse. Para eso se propone fortalecer las redes de medición, actualizar bases de datos meteorológicos y desarrollar herramientas que permitan evaluar los posibles impactos sobre la disponibilidad.
Gestión: información, participación y una nueva institucionalidad para San Luis Agua
El cuarto punto que presenta el texto analizado por la Provincia quizás sea el menos visible para el usuario cotidiano pero busca sostener las otras tres. El documento propone modificar no solamente la infraestructura sino también la manera en que se toman las decisiones sobre el agua.
Entre las brechas identificadas aparecen la cultura del agua, las capacidades técnicas frente al cambio climático, el financiamiento de nuevas obras y modernizaciones, la situación institucional de San Luis Agua, la participación de los usuarios en los consorcios y la actualización del Código de Aguas.
En ese marco, el documento propone otorgar mayor jerarquía a San Luis Agua, fortalecer las capacidades técnicas y financieras para la gestión hídrica y desarrollar mecanismos que permitan acceder a financiamiento nacional e internacional destinado a adaptación y resiliencia climática. También contempla estudiar nuevas fuentes de financiamiento para obras y analizar la posibilidad de establecer un mecanismo de desarrollo hídrico público-privado.
La participación de los usuarios aparece como otro componente del modelo. Actualmente funcionan en la provincia el Consorcio de Riego Quines – Candelaria y el Consorcio San Pablo.
El diagnóstico señala dificultades financieras y una participación desigual de los usuarios, al tiempo que indica que el Estado provincial financia actualmente la actividad relacionada con el agua. Según el texto, el Gobierno propone mesas de diálogo y análisis sobre el funcionamiento de los consorcios y la creación de nuevas organizaciones de usuarios en los sistemas de canales.
La denominada “Cultura del agua” también forma parte de la planificación. No aparece como una cuestión exclusivamente educativa, sino como una herramienta de gestión. Entre las medidas previstas figuran una estrategia de divulgación y proyectos educativos, programas de formación de oficios vinculados con el agua y acciones para la capacitación de los usuarios.
Otro de los instrumentos planteados es la creación de un Sistema de Información Geográfica centralizado. El diagnóstico detecta que la información georreferenciada existente se encuentra distribuida en diferentes modelos y propone integrar en una única estructura para analizar datos y utilizarlos para la planificación hídrica. La idea es que esa plataforma se convierta en una base de información común para San Luis Agua.
Una hoja de ruta que mira más allá de 2036
El Plan establece tres horizontes temporales. El corto plazo comprende los primeros cinco años, entre 2026 y 2031; el mediano plazo llega hasta 2036; y el largo plazo se proyecta entre 2036 y 2046. Es decir que, aunque el PMA tiene como horizonte principal la próxima década, algunas de las ideas comienzan a mirar a futuro con una perspectiva de 20 años.
Ese esquema permite entender por qué el documento no se limita a enumerar obras. El método utilizado parte de identificar “brechas”: diferencias entre la situación actual y un escenario considerado deseable. A partir de allí se plantean líneas estratégicas y luego programas, proyectos y acciones destinados a cerrar esas diferencias o brechas.
Entre las medidas que aparecen figura la modernización y ampliación de acueductos, la sustitución progresiva de canales abiertos destinados al abastecimiento, la mejora de los sistemas de riego, la implementación de balances hídricos regionales y por embalse, el desarrollo de sistemas de información geográfica y el fortalecimiento institucional de San Luis Agua. También se incorporan herramientas para el monitoreo, la prevención del riesgo y la protección de las cuencas.
En definitiva, el Plan Maestro del Agua plantea una transformación que abarca desde la fuente hasta el usuario final. El desafío no está únicamente en disponer de más agua, sino en conocer mejor el recurso, reducir pérdidas, mantener y modernizar la infraestructura, ordenar los usos, anticiparse a los riesgos, proteger las cuencas y fortalecer las instituciones encargadas de administrar el sistema.
El documento define al PMA como una política de Estado que pretende trascender las distintas gestiones de gobierno y ofrecer un marco técnico, institucional y programático para ordenar las decisiones futuras.
El horizonte es 2036. Pero, detrás de esa fecha, el planteo es más amplio: que San Luis pase de administrar las necesidades hídricas a medida que aparecen a contar con una estrategia permanente para saber cuánta agua tiene, dónde está, cómo conservarla, cómo distribuirla y cómo utilizarla sin comprometer la disponibilidad futura.
Fuente: El Chorillero
