Ambos dejaron sus bancas vacías en una sesión decisiva. La Justicia había solicitado retirarle la inmunidad de arresto al legislador, investigado por administración fraudulenta junto a su pareja, la ex legisladora Anabela Lucero.
En una sesión de la Cámara de Diputados clave, en la que se debatió el desafuero de Joaquín Beltrán, involucrado en la causa de corrupción que mantiene con prisión preventiva a su pareja, la ex legisladora Anabela Lucero, dos diputados de Villa Mercedes dejaron sus bancas vacías. Walter Lino Aguilar y Carlos Dacuña no participaron de la votación y, con sus ausencias, contribuyeron a que Beltrán conservara sus fueros.
Aguilar fue intendente de Villa Mercedes y diputado nacional, mientras que Dacuña tiene trayectoria como militante y es un ex jugador histórico del GEPU de Alberto Rodríguez Saá. Ambos asumieron sus bancas como legisladores provinciales por el departamento Pedernera dentro del sublema del Partido Justicialista “Unión por San Luis – Celeste Unidad” en 2023 y continuarán en sus cargos hasta el 9 de diciembre de 2027.
Los fiscales de Instrucción José Olguín y Marcelo Palacios presentaron el pedido de desafuero para Beltrán. Ambos investigan al legislador por presuntas maniobras de corrupción en el Complejo Molino Fénix y la Casa de la Música. La solicitud buscaba retirarle la inmunidad de arresto y permitir que, en caso de que el juez así lo dispusiera, pudiera avanzar con medidas de coerción dentro de la causa.
Este miércoles, la iniciativa obtuvo 28 votos a favor y nueve en contra. Para aprobar el desafuero eran necesarios 29 positivos, por lo que quedó a solo uno de alcanzar la mayoría requerida.
Además de Aguilar y Dacuña, se ausentaron otros cuatro legisladores en una definición que quedó a apenas un voto de prosperar.
Al rechazo lo sostuvieron nueve diputados: Cristian Alcaraz, Joaquín Beltrán, Rodrigo Cabaña, Lucas Caymes, Mayca Garoglio, Darío Neira, Walter Pollo, Silvia Sosa Araujo y María José Zanglá.
Con sus faltazos los dos villamercedinos evitaron también un pronunciamiento explícito en línea con sus pares.
Durante la sesión, el diputado Carlos “Charly” Pereira, repasó planteos de la Fiscalía vinculados con inasistencias a audiencias y la eliminación remota de elementos probatorios de un teléfono celular. También señaló que los investigadores advirtieron sobre la ascendencia política que podría tener Beltrán sobre personas que deben comparecer en el expediente.
Beltrán rechazó las acusaciones durante una breve intervención en el recinto y aseguró que siempre estuvo “a derecho con cada una de las citaciones”. También negó haber interferido en la investigación y sostuvo que no utiliza sus fueros para evitar el avance de la Justicia.
Finalmente, el pedido quedó a un voto de alcanzar la mayoría necesaria. Beltrán conservó sus fueros y continuará sometido a la investigación judicial, mientras que las ausencias de seis diputados, entre ellos los dos representantes villamercedinos Walter Aguilar y Carlos Dacuña, fueron determinantes en una votación definida por un voto.
Asociación ilícita, administración fraudulenta y destrucción de pruebas: la denuncia contra Beltrán
La investigación inició en los Tribunales de Villa Mercedes a partir de una denuncia de Fiscalía de Estado. Según la causa, las nuevas autoridades del Complejo Molino Fénix y la Casa de la Música detectaron irregularidades en la administración anterior. Tras una primera acusación por nueve hechos, el 24 de agosto la Fiscalía amplió los cargos por administración fraudulenta, asociación ilícita y destrucción de pruebas.
La hipótesis del Ministerio Público Fiscal sostiene que Beltrán, Anabela Lucero, Enzo Lucero, Diego Torres y Exequiel Scarel habrían integrado una organización destinada a cometer delitos contra la administración pública mediante el uso de recursos del Molino Fénix y sus dependencias.
Entre las maniobras investigadas aparecen presuntos desvíos de fondos, facturación de bienes o servicios inexistentes y la utilización de instalaciones, vehículos y personal para actividades políticas.
