En el marco de la nueva ofensiva diplomática para frenar la explotación petrolera en el Atlántico Sur, el Gobierno acelera las gestiones para sumar el respaldo de aliados.
El Gobierno nacional ultima los detalles para enviar al Congreso de la Nación un proyecto de ley destinado a actualizar la normativa sobre las Islas Malvinas y frenar la exploración de recursos hidrocarburíferos en la plataforma continental sin autorización argentina. El canciller Pablo Quirno confirmó que la iniciativa busca sancionar severamente a las empresas que operen ilegalmente en el archipiélago y remarcó que el paquete de medidas anunciado por el presidente Javier Milei responde a «un trabajo de meses» coordinado por el Poder Ejecutivo.
Repercusión internacional y llamados del sector privado
En declaraciones televisivas a LN+, el titular de la Cancillería reveló la fuerte repercusión del paquete de medidas en el ámbito corporativo internacional. Quirno detalló que desde que se hizo público el anuncio no paró de «atender llamados de empresas» interesadas en conocer el alcance del nuevo marco regulatorio. «El objetivo principal es evitar que se haga explotación hidrocarburífera en las Islas Malvinas.»
Respecto al escenario diplomático y el acompañamiento externo, el funcionario sostuvo: «Esperamos que los países amigos nos apoyen». Asimismo, rechazó las interpretaciones políticas que vinculan este despliegue con especulaciones de consumo interno o imagen pública: «A Milei le va perfectamente bien en las encuestas. El apoyo en la sociedad a estas medidas es extraordinario», enfatizó.
Cancillería como autoridad de aplicación del nuevo proyecto
Uno de los aspectos centrales de la reforma normativa será la designación del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto como autoridad de aplicación de la ley. Quirno fundamentó la decisión al señalar que la controversia sobre el Atlántico Sur representa «un tema principalmente de política exterior».
El equipo técnico del Palacio San Martín trabaja a ritmo acelerado en la redacción final del texto que ingresará al Parlamento. El objetivo central del oficialismo es presentar la propuesta en el Congreso a la mayor brevedad posible para dotar al Estado nacional de herramientas legales más restrictivas frente a las operaciones unilaterales impulsadas bajo licencias británicas.
