El tiempo, ni siquiera sus minutos, es algo que los fiscales instructores de Villa Mercedes José Olguín y Marcelo Palacio Fernández están dispuestos a perder en la megacausa de corrupción Molino Fénix, que salpica obscenamente al anterior gobierno de Alberto Rodríguez Saá.
Por eso la mañana de este jueves le elevaron a la Cámara de Diputados de la Provincia el pedido formal de desafuero del diputado Joaquín Beltrán, para que, una vez que le quiten la protección parlamentaria, el juez de Garantías Santiago Ortiz evalúe la solicitud de prisión preventiva que la fiscalía espera plantear nuevamente la próxima semana.
Si la Cámara de legisladores le retira los fueros, los funcionarios del Ministerio Público Fiscal (MPF) tienen previsto requerir el encarcelamiento preventivo de Beltrán por dos meses, para que ese mismo día sea traslado al Servicio Penitenciario de San Luis, donde ya están su pareja la ex diputada albertista Anabela Lucero y los exfuncionarios Exequiel Scarel y Enzo Lucero.
La idea o, al menos, lo que aguardan los fiscales es que el parlamento trate su solicitud el miércoles que viene, atento a que esos suelen ser los días destinados a sesionar. No obstante, están conscientes de que ese trámite no corre tampoco a la velocidad de la luz, dado que antes de dictaminar suelen debatir en una comisión. «Si le sacan los fueros, nosotros vamos a pedir una audiencia con el juez para tratar la medida de coerción y, si resuelve hacer lugar a la prisión preventiva, que vaya ahí nomás al penal», explicó Palacio Fernández.
El diputado provincial está imputado por haber liderado presuntamente, junto a su pareja, una asociación ilícita que durante la administración del complejo Molino Fénix se alzó con unos 900 millones de pesos. En esa banda, según la acusación fiscal, también participaron activamente los exfuncionarios albertistas Scarel, Enzo Lucero y Diego Torres.
A los cinco les pesa por igual la formulación de cargos por «ocultamiento y destrucción de pruebas», «administración fraudulenta», además de aquellas acusaciones por «peculado», «abuso de autoridad, «malversación de caudales públicos» y otro hecho por «administración fraudulenta» que tienen desde el 14 de marzo pasado.
La fiscalía pidió, en principio, 60 días de prisión preventiva para todos porque estima que en ese tiempo concluirá, al menos, esta parte de la investigación. Las averiguaciones empezaron hace más de dos años y debido, a diversas trabas y apelaciones presentadas por los sospechosos, el proceso judicial se ralentizó. Por eso Olguín y Palacio Fernández buscarán culminar lo que resta y cerrar la causa en un par de meses para que, a principios del año próximo, Lucero y compañía sean enjuiciados en un debate oral.
Durante la audiencia del lunes, al igual que su pareja, Beltrán declaró ante el juez, los fiscales y una sala en la que ya no cabía ni un alfiler. “Como encargado de la administración del ente, no soy quién para decir si una auditoría alcanza o no. Simplemente tengo la obligación de rendir cuentas”, sostuvo desde un comienzo. Defendió las contrataciones que efectuaron cuando estuvo al frente del predio. Dijo que para nada existieron irregularidades, que las rendiciones contaban con el visto bueno de organismos de control y superaron auditorias, en verdad, minuciosas. «Niego todas las acusaciones que hay en mi contra», cerró.
Fuente: Todo Un País
