Son investigados por unos veinte hechos en los que se han apropiado de inmuebles y terrenos ubicados en diferentes puntos de la provincia. El abogado Juan Cruz Domínguez está sindicado de ser el líder de la banda. Estiman que el valor total de los inmuebles afectados asciende a 4.763.000 dólares.
Hoy en la sala de Oralidad 2 se realizó una audiencia de formulación de cargos contra once personas. Se trata del abogado Juan Cruz Domínguez (representado por los abogados Hugo Scarso y Gabriel Varela); Hugo Alberto Guzmán y Juan Alberto Sosa (representados por Hernán Garoglio); Alberto Javier Ochoa (representado por Pablo Garro); Pablo Héctor Herrera y María de los Ángeles Toscano (representados por Guillermo Sánchez Pagano); Mario Cristian Vega (representado por Carlos Bianchi); Carlos Mario Peralta (representado por Martín Pérez Giunta); Roberto Córdoba Gordillo y Héctor David Escobar (representados por el defensor oficial Carlos Salazar) y Walter Luis Alejandro Terceros (representado por Aldo Rubiani). Si bien hay un imputado más en la causa, quien está identificado como José Héctor Jofré, no fue procesado dado que no compareció porque no fue ubicado por la fuerza pública.
Durante la audiencia se les formuló cargos por los delitos de “asociación ilícita, estafa procesal y falsificación de instrumento público, todo en concurso real”.
El ministerio Público Fiscal, a cargo de Francisco Assat Alí, en compañía de la fiscal adjunta Ornella Costa, ante la jueza de Garantía 4, Luciana Banó, realizaron un extenso y pormenorizado relato sobre los veinte hechos por los que los imputados son investigados. También participó la Fiscalía de Estado dado que se considera que los intereses y los bienes de la Provincia fueron afectados por los imputados.
Jueza de Garantía N° 4, Luciana Banó. (Foto Lautaro Sanchez)
Un abogado, el cabecilla de la banda
Assat junto a Costa describieron los hechos y sindicaron al abogado Juan Cruz Domínguez como principal autor intelectual, material y jefe de la organización ilícita que se apropió de manera fraudulenta de diversas propiedades, inmuebles y lotes de diferentes personas. Las propiedades en cuestión están ubicadas tanto en diversos barrios y zona céntrica de la ciudad de San Luis, como así también en localidades, parajes y ciudades como El Volcán, Potrero de los Funes, El Chorrillo, Juana Koslay, Merlo, Nogolí, Los Vallecitos y Luján.
Fiscal Francisco Assat Alí. (Foto Lautaro Sanchez)
Para los fiscales el resto de los imputados cumplieron roles secundarios y muchas veces fundamentales para que Domínguez pudiera llevar adelante su modus operandi, cuyo objetivo era la plena apropiación de inmuebles, que en algunos casos solo quedaron en tentativa. Señalaron que el abogado se aprovechaba de víctimas de avanzada edad o que presentaban algún impedimento físico, problemas de salud o que simplemente eran herederos, pero vivían fuera de la provincia.
Indicaron que en la mayoría de los hechos el factor común fue la falsificación de boletos de compra y venta de los inmuebles, contratos de locación fraudulentos, como así también actas notariales, denuncias policiales y escrituras públicas de retrocesión falsas. Además, el imputado y sus cómplices manejaban pagarés, poderes notariales, firmas y sellos adulterados para acompañar los documentos con los que hacían las falsas compras y ventas de las propiedades y con las que además Domínguez presentaba escritos en el Poder Judicial en los distintos fueros «para dar fe de su buen obrar».
Mencionaron que Domínguez en varios de esos casos presentó domicilios falsos de aquellas personas a las que convertía en sus víctimas. Siempre daba direcciones que estaban relacionadas a él mismo y de esa manera se aseguraba de que los damnificados no se enteraran sobre los juicios por la posesión de los inmuebles y que nadie pudiera reclamarlos.
Todos con un rol distinto y eficaz
Para la fiscalía, sus compañeros de causa, cumplieron diversos roles en cada entramado. Cree que fueron actores secundarios y necesarios como soportes para mantener el ardid de Domínguez.
La Fiscalía de Estado intervino en la causa porque considera que indudablemente se vieron afectados los bienes e intereses de la Provincia. Pues Domínguez lograba insertar de manera digital sellos que pertenecían a diferentes reparticiones gubernamentales para así darle mayor credibilidad a los documentos que manipulaba. Quedó expuesto que en muchos de ellos hubo errores de fechas, pues en algunos figuraban firmas de personas que habían muerto previo a la creación de esos documentos. En otros los nombres estaban mal escritos y ni siquiera la supuesta persona que firmaba hacía salvedad de eso, aclaraba su firma con el mismo error ortográfico. Eso era algo que llamaba la atención.
Assat Alí y Costa develaron pruebas que acreditan que la asociación ilícita se apropió de un terreno fiscal, perteneciente al Estado provincial. El loteo está ubicado en El Chorrillo y le fue vendido por los imputados a un tercero que lo compró de buena fe. Para la transacción los acusados presentaron un falso origen dominal, escritura de retrocesión apócrifa y demás documentación con datos, firmas y sellos falsos. En ese caso la persona que compró el inmueble los demandó y a cambio intentaron compensarlo dándole otro terreno. “Domínguez conocía el origen del terreno y aún así orquestó la venta”, resaltó Costa.
Al mismo la querella, representada por Maximiliano y Sebastián Pipitone, resaltó que Domínguez (esposo de la jueza de Cámara, Nazarena Chada) hacía enviar notificaciones judiciales a los dueños de los inmuebles pero las hacía llegar a una dirección inexistente. Determinaron que la altura de la numeración que precisaba si bien no existía daba con la parte trasera de la vivienda de la ex ministra del Superior Tribunal de Justicia, Cecilia Chada, quien es su cuñada. El 26 de mayo la cortesana renunció al cargo
Simulaba obrar “de buena fe”
Para la fiscalía Domínguez “readecuaba constantemente sus estrategias para llevar adelante sus maniobras y demostrar que obraba de buena fe”. Indicó que, si bien las imputaciones son provisorias, no descartan que puedan ampliarse.
Juan Cruz Domínguez. (Foto Lautaro Sanchez)
Por todo ello Assat solicitó que todos sean imputados por “asociación ilícita, estafa procesal y falsificación de instrumento público, todo en concurso real” y destacó a Domínguez en su rol de “organizador”. Pidió como medidas que firmen el libro de procesados una vez a la semana durante ocho meses, que se les prohíba sus salidas de la provincia y se les trabe el embargo de sus bienes. Sobre la extensión del tiempo de las medidas destacó que se trata de una causa compleja y que requiere de mucho más tiempo de investigación a diferencia de otras. Refirió que se estima, en lo que va de la pesquisa, que el valor total de los inmuebles afectados asciende a 4.763.000 dólares.
Las defensas de los acusados compartieron que toda la información que ha recolectado todo este tiempo la querella, representada por Maximiliano y Sebastián Pipitone, ha sido recabada incurriendo en una estafa procesal y que atacaron la intimidad personal y profesional de Domínguez. Expresaron que de esa manera recolectaron información y documentos que ahora son vertidos como evidencias.
Para los defensores la acción penal fue iniciada por la querella dado que en el fuero civil fracasaron. Algunos de ellos solicitaron que a sus defendidos no se les impusiera la prohibición de salir de la provincia dado que tienen hijos que viven en Córdoba y en Chile y otros viajan por tratamientos médicos y además se negaron a la inhibición de bienes dado que dos de ellos son comerciantes y constantemente deben realizar transacciones bancarias.
Dos imputados con alguna salvedad
Finalmente, la jueza Banó resolvió imputar a todos por los delitos señalados por la fiscalía, prohibirles la salida de la provincia, inhibir sus bienes y que firmen el libro de procesados una vez a la semana, pero solo por cuatro meses. Hizo salvedades solamente para Pablo Héctor Herrera y su esposa María de los Ángeles Toscano. Él es paciente oncológico y realiza viajes por su tratamiento por lo que para ellos dispuso la firma del libro de procesados una sola vez al mes y autorizó la salida de la provincia para ambos, con previo aviso.
