La provincia de Mendoza oficializó una ley que sanciona a funcionarios por omitir responder reclamos ciudadanos en tiempo y forma.
La provincia de Mendoza ya oficializó la Ley sancionada por la Legislatura que habilita sanciones para los funcionarios del gobierno provincial que omitan responder reclamos ciudadanos en tiempo y forma. Este lunes fue publicada en el Boletín Oficial.
La iniciativa fue aprobada en junio pasado con el respaldo unánime de todos los bloques legislativos y quedó oficializada este lunes a través de la publicación en el Boletín Oficial bajo el número 32414.
La ley refuerza la responsabilidad del Estado en los procedimientos administrativos y apunta a terminar con la práctica de la “denegación tácita”, es decir, el silencio del Estado frente a un pedido formal de cualquier ciudadano.
Una reforma clave al Código Procesal Administrativo de la provincia de Mendoza
La nueva normativa incorpora el artículo 38 bis a la Ley N.º 3918 (Código Procesal Administrativo). Esta ley ya contemplaba que la Suprema Corte de Justicia puede intervenir cuando no hay respuesta a un reclamo, pero el nuevo artículo da un paso más: establece que, en esos casos, debe individualizarse al funcionario responsable del incumplimiento y aplicar las sanciones disciplinarias previstas en la Ley 9003.
La sanción se aplicará cuando la Corte admita una acción por «denegación tácita», es decir, por la ausencia de respuesta dentro del plazo establecido. A partir de ahora, el órgano judicial deberá identificar expresamente al agente o funcionario responsable y requerir al organismo correspondiente que actúe disciplinariamente por la mora administrativa.
“La ley apunta a cortar con las chicanas burocráticas”
El autor del proyecto, el senador del Partido Demócrata, Armando Magistretti, explicó que la iniciativa busca combatir una práctica habitual en la administración pública: no responder, con lo que se bloquea o demora el ejercicio de derechos por parte de la ciudadanía.
“La denegación tácita no solo vulnera el derecho de defensa de los ciudadanos, sino que también genera indefensión. Se puede evitar si los funcionarios actúan con la debida diligencia ”, sostuvo Magistretti en ocasión del debate.
Además, subrayó que la norma apunta a generar un cambio cultural dentro del Estado: “Buscamos avanzar hacia una administración más transparente, eficiente y responsable. El silencio no puede ser una forma de gestión”.
Un caso emblemático
La historia de Lucía S. Luzuriaga y sus hijos es una muestra clara del daño que puede generar el silencio del Estado ante los reclamos de los ciudadanos. Durante más de 10 años, esta familia de San Rafael esperó que se reconozcan los derechos que les correspondían tras la trágica muerte del agente policial José María Muñoz, ocurrida mientras cumplía funciones en la Policía de Mendoza. Este silencio, además, le costó muy caro al propio gobierno de la provincia de Mendoza.
El caso se convirtió en un ejemplo de por qué es necesario que la provincia avance con normas que sancionen a los funcionarios que no responden en tiempo y forma. Porque cuando el Estado omite respuesta, también posterga, vulnera y, en muchos casos, revictimiza.
